Condenados a una renuncia inevitable

Los profesores afectados por el fallo del Superior de Xustiza que les priva de sus cátedras diseñarán una estrategia legal conjunta aunque admiten que las posibilidades son escasas

 
El ex rector Domingo Docampo.
El ex rector Domingo Docampo.  

SANDRA PENELAS Durante cinco años la amenaza ha planeado sobre sus plazas, por eso la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza instando a la Universidad a anularlas ha sido acogida con más resignación que sorpresa por parte de los catedráticos afectados. Su intención, según ha podido conocer este periódico, es reunirse con su abogado para conocer qué acciones legales pueden llevar a cabo todavía y seguir actuando, como hasta ahora, de manera conjunta. "Veremos cómo evolucionan los acontecimientos, pero en última instancia nos presentaremos de nuevo a concurso. No es el fin del mundo", comentaba ayer uno de los profesores.
El Rectorado declinó, por su parte, hacer ayer declaraciones y se limitó a mostrar su "respeto" por la decisión del alto tribunal, aunque no aclaró si la ejecutará de forma "inmediata", como dicta el juez, o recurrirá a través de la vía legal.
La sentencia exige a la institución que acate el fallo dictado en 2003 por el Contencioso Administrativo de Vigo que declaraba ilegales ocho cátedras de I+D concedidas por el anterior rector Domingo Docampo. Esto implica que los ocho catedráticos recuperen su categoría anterior, con la consiguiente pérdida de salario y de estatus académico, que se tiene en consideración, por ejemplo, en las convocatorias de proyectos de investigación.
Los afectados entienden que el fallo no les obliga a devolver parte del salario percibido durante estos cinco años ni tendrá consecuencias para terceros, ya que durante este tiempo han participado en diferentes actos y en tribunales para la concesión de plazas.
El biólogo Manuel Reigosa, que abandonó recientemente el cargo de vicerrector de Investigación y que es uno de los ocho afectados, se limitaba ayer a manifestar su "máximo respeto" por las decisiones judiciales.
Otros calificaron de "injusta" la decisión del Tribunal Superior y lamentaron que los jueces no les hayan dejado pronunciarse durante todo este tiempo. De hecho, el Constitucional les comunicó recientemente que no admitía a trámite su recurso de indefensión.
"No nos han dejado expresar la más mínima opinión. Yo esperaba que en algún momento nos permitiesen personarnos en el asunto, pero no ha sido así", lamentaba ayer, tan sólo"una hora" después de leer la sentencia del TSXG, Adolfo Cordero, catedrático de Ecología Evolutiva en el campus de Pontevedra.
"Nos enteramos por el periódico de que el juzgado vigués había dictado la primera sentencia en 2003. Nos han pillado en medio sin tener nada que ver en el asunto. La Universidad es la demandada, pero las consecuencias más graves son para nosotros", añadía.
"Cúmulo de errores"
El catedrático damnificado habla de "un cúmulo de errores", aunque sólo achaca a la Universidad el de admitir fuera de plazo el recurso interno de los dos profesores que después llevaron el caso a los tribunales. "Las sentencias tienen imprecisiones y confusiones. La única que puso un poco de sentido común fue la jueza viguesa que admitió la petición de inejución de la Universidad", comenta.
Esta decisión iba en sentido contrario de las emitidas anteriormente por el Tribunal Superior, en 2004, y el Constitucional, en 2006. Los dos docentes volvieron a recurrir ante el TSXG, que exige de nuevo la suspensión de las cátedras.
La Universidad, en un comunicado oficial, manifiesta su "total respeto" al fallo y su decisión de "evaluar las actuaciones a adoptar" ahora "dentro del margen de actuación que la ley permite".

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