La deuda que reclama el Concello a Conycase sigue sin pagarse, y la empresa niega que exista. La concesionaria de los parkings de Venezuela, A Coruña y la plaza de Fernando el Católico ha recurrido el decreto municipal por el que se le conmina a abonar 391.000 euros en concepto de tasas e impuestos o se le embargarán los aparcamientos. En un escrito dirigido al Ayuntamiento, su socio mayoritario, Manuel Núñez, rechaza que adeude esa cantidad y muestra su "extrañeza" por la medida que amenaza con aplicar la administración municipal. El plazo para que pague expira el día 26, y el alcalde advirtió cuando se firmó la orden de que al término se iniciaría el rescate de las concesiones. Los tres parkings suman 1.300 plazas.
El departamento de Tesorería fijó la cifra a desembolsar por la suma de cánones, tasas e impuestos impagados desde 2004. El empresario y abogado, en libertad bajo fianza por uno de los casos de posible corrupción urbanística en la localidad murciana de Totana, admite que debe dinero al Ayuntamiento, pero no las cantidades que se le reclaman. Asegura que hizo frente al canon de 2006, y mantiene que el débito de 2007 y 2008 se compensa con los ingresos que dejó de percibir debido a la implantación de la tarifa por minuto desde agosto de 2007, al no haberse actualizado sus precios hasta marzo de 2008. Cifra este lucro cesante en 107.000 euros.
Con todo, el empresario dice estar dispuesto a plantear una solución para afrontar las cantidades adeudadas, que no especifica, y asegura en su escrito tener "voluntad" de presentar antes de que finalice el mes "una propuesta de solución).
Tribunales
Núñez advierte también de que irá a los tribunales si no se deja sin efecto el decreto, y defiende además que pagó las deudas acumuladas durante diez años cuando la sociedad se hizo cargo de la gestión de los parkings, e invirtió cinco millones en la reforma de todos ellos.
El cumplimiento del plazo sin asumir el pago, salvo que la Concejalía de Patrimonio resuelva lo contrario si asumiese las alegaciones del empresario, provocaría el inicio de un expediente de resolución de contrato por incumplimiento de sus términos. El Concello recuperaría los tres parkings, pero no le saldría gratis. Debe abonar, según fuentes consultadas, el lucro que dejaría de percibir la empresa por los años que le quedan de explotación tras descontarse la deuda. Caballero aseguró cuando anunció el decreto que los puestos de los trabajadores -que se manifiestan desde hace meses por su situación- estarían garantizados.
