Cultura rechaza la propuesta del Concello para legalizar el "Piricoto" y lo deja sin alternativas

Patrimonio no entra a valorar el proyecto de construcción de una pantalla vegetal por ser "anterior" a la última sentencia del Tribunal Supremo

 
Una decena de pisos en venta por 380.000 euros  A medida que se acaban las posibilidades de legalizar el residencial, se multiplican los intentos de algunos propietarios de deshacerse de sus viviendas o sacarles provecho con alquileres que rondan los 700 euros mensuales. En los 10 bloques de la urbanización hay un único cartel informando de la venta de un piso, pero a través de inmobiliaria o incluso de anuncios particulares en Internet se ofrecen hasta una decena de viviendas con precios que oscilan entre los 261.500 y los 485.000 euros de un dúplex, el más caro de todos los disponibles. Hay a la venta pisos de tres y cuatro dormitorios que rondan los 380.000 euros.
Una decena de pisos en venta por 380.000 euros A medida que se acaban las posibilidades de legalizar el residencial, se multiplican los intentos de algunos propietarios de deshacerse de sus viviendas o sacarles provecho con alquileres que rondan los 700 euros mensuales. En los 10 bloques de la urbanización hay un único cartel informando de la venta de un piso, pero a través de inmobiliaria o incluso de anuncios particulares en Internet se ofrecen hasta una decena de viviendas con precios que oscilan entre los 261.500 y los 485.000 euros de un dúplex, el más caro de todos los disponibles. Hay a la venta pisos de tres y cuatro dormitorios que rondan los 380.000 euros.  

A. MÉNDEZ El futuro de cien familias y 40 millones de euros en juego. Esa es la repercusión social y económico de la Colina de Castrelos, que se queda sin alternativas también por vía administrativa. La Consellería de Cultura rechaza pronunciarse sobre el proyecto de construcción de una pantalla verde para minimizar el impacto del edificio en el entorno verde que lo rodea, dejando sin efecto la única propuesta con la que afectados y gobierno local contaban para legalizar el inmueble y evitar "la demolición total o parcial del mismo", instada por el Tribunal Supremo en agosto, ratificando un fallo anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2006.
El expediente de medidas correctoras remitido hace dos años por el entonces gobierno de Corina Porro para evitar la demolición llevaba meses estancado en la asesoría jurídica de la Dirección Xeral de Patrimonio. Pero tras hacerse público en agosto el fallo del alto tribunal español, el departamento que dirige Ánxela Bugallo (BNG) ha decidido no entrar a valorar la propuesta. "No tiene cabida pronunciarse sobre un proyecto anterior cuando existe una sentencia judicial firme", alegan desde Santiago, cuyo equipo sí tendría que estimar cualquier otro proyecto que se le haga llegar a partir de ahora desde el Concello o la propia comunidad de propietarios, que no ha valorado la negativa de la consellería.
Inesperado
La decisión de Cultura de no interferir en el complejo proceso por el que atraviesa el "Piricoto", con dos sentencias firmes de demolición en contra, ha cogido por sorpresa al gobierno vigués. Ayer mismo el concejal de Urbanismo, Xosé Mariño, explicaba que "seguimos a la espera del informe de Patrimonio. Entendemos que en un sentido o en otro, o incluso para decir que no son competentes, deben respondernos por escrito como corresponde a cualquier administración pública".
La consellería ni contempla esta posibilidad, pero desde el Concello insisten en que "deben emitir un informe", pues entienden que mientras éste no llegue no se puede avanzar en la legalización del complejo residencial. Eso sí, reconocen reuniones inciales con los propietarios para evaluar sus posibilidades.
Los vecinos tienen en su contra que la propuesta de los técnicos municipales de cubrir la urbanización con una pantalla vegetal sigue las directrices del Plan Xeral de 1993 y que el actual gobierno no es partidario de dar cobertura a esta urbanización amparándose en el nuevo planeamiento.
El nuevo PXOM permite legalizar la práctica totalidad del inmueble, quedando una pequeña parte sujeta a derribo o para la que habría que realizar una modificación puntual del plan, pero el gobierno local mantiene su postura inicial de no cargar con la responsabilidad política de legalizar un edificio cuyas licencias fueron anuladas por el Tribunal Superior de Xustiza hace 14 años.
Las dos posibilidades que le quedan al Concello pasan por esperar el informe de Cultura, como se está haciendo, o iniciar el proceso desde cero e intentar adaptar la construcción a las directrices del nuevo PXOM, elevando a la Consellería de Cultura otra alternativa que armonice el edificio con el entorno verde de Castrelos.
El proyecto pueden presentarlo los propios vecinos o el Concello, pero "no es partidario" de llevar la iniciativa y liderar el proceso de legalización.

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