Los afectados por la depuradora a los que la Policía impidió el paso en el pleno del pasado 27 de octubre por orden de la Alcaldía podían asistir a la sesión. Así se desprende del informe emitido por el secretario municipal a petición del PP, en el que señala que la resolución en la que se sustentó Abel Caballero para prohibir la entrada a los vecinos "carece de efectos", ya que se dictó el 3 de septiembre de 2007. Por tanto, no fue "proporcional hacerla efectiva catorce meses después", reza el texto. El regidor, por su parte, defendió que actuó conforme a lo indicado por el mismo jurídico en el informe que avaló aquel decreto, ya que "no hablaba de fechas" de vigencia. "Se acaba de derogar la restricción y los vecinos podrán entrar en el próximo pleno", dijo Caballero, si bien no descartó abrir otro procedimiento por los incidentes del día 27, protagonizados también por afectados de la depuradora.

El alcalde solicitó el 9 de agosto del año pasado un informe al secretario, José Riesgo, sobre la posibilidad de restringir el acceso al pleno a los vecinos que habían provocado la suspensión de dos sesiones anteriores al interrumpirlas con sus protestas y lanzar bombas fétidas. El jurídico indicó entonces que le corresponde al alcalde "asegurar el orden público dentro de los plenos", y concluyó que "nada impide" adoptar tal medida.

En su nuevo informe Riesgo mantiene ese pero apunta que el hecho de que "excepcionalmente" se pueda res tringir el acceso, "no quiere decir que tales medidas puedan prolongarse indefinidamente en el tiempo". La gravedad de los hechos en que se basaron no justifica que se pueda mantener la prohibición "14 meses después", recalca.

El informe inicial ya señalaba que la restricción sería "temporal y cautelar", pero el alcalde argumentó ayer que no establecía plazos. "La restricción venía respaldada por el secretario del Ayuntamiento", alegó, para asegurar que, al impedir la entrada a los tres vecinos el pasado lunes, actuó "con todas las garantías legales". Según sus explicaciones desconocía que la resolución del año pasado hubiese prescrito, ya que no recibió notificación alguna en este tiempo. "Ahora se emite un nuevo informe en el que el secretario nos dice que debe ser derogada, y por lo tanto lo hago", expuso.

"Al pie de la letra"

Caballero sostiene que el informe anterior del jurídico "prácticamente mandataba al alcalde a garantizar el normal desarrollo del pleno", con lo que se habría limitado a seguir esa instrucción "al pie de la letra".

El regidor dio el orden de prohibir la entrada a los vecinos al pleno del 27 de octubre tras comprobar el concejal de Seguridad que unos 15 afectados por la depuradora entraban en el salón. Caballero aseguró ayer que "no existe ninguna otra lista", y defendió que "la decisión se basa en motivaciones jurídicas, no políticas". Los vecinos que estaban en la sala interrumpieron el debate durante diez minutos.