Las operadoras pagan 12.000 euros al año por el espacio para instalar antenas

Vigo es, junto a A Coruña, la ciudad con los contratos más altos de Galicia

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   Imagen de una antena declarada ilegal en Saiáns.
Imagen de una antena declarada ilegal en Saiáns.  

J. PASTORIZA Las comunidades de propietarios y particulares que han firmado contratos con operadoras de telefonía para autorizar la instalación de antenas en sus edificios o viviendas se llevan un pellizco medio de 12.000 euros anuales durante una década. Expertos en localizar ubicaciones y firmar acuerdos de alquiler del espacio apuntan que ésa es la cantidad que se paga tanto en el centro como en los barrios periféricos. Vecinos que los han suscrito lo corroboran. No obstante, las compañías llegaron a abonar 16.000 euros en zonas que califican de "estratégicas", donde transmiten datos y voz a torretas incluso al otro lado de la Ría. Policarpo Sanz es una de las calles donde se alcanzó esa cifra.

"Cada ciudad tiene sus tarifas medias, ya sea en el centro o en el extrarradio", explican los especialistas. Las de Vigo son, junto a las de A Coruña, las más altas de Galicia, ya que el criterio que siguen las empresas de telecomunicaciones para fijarlas es la densidad de población a la que dan cobertura. La duración de los contratos, que en 1996 se firmaban por 15 años, se ha rebajado ahora a diez, y pese a los beneficios económicos que reportan a los dueños del suelo, las empresas se topan en la mayoría de los casos con el rechazo vecinal por temor a riesgos de las emisiones sobre la salud. "Más del 90% se oponen", estiman los expertos consultados.

Torres en el rural

Pese a que en el rural las instalaciones son más aparatosas, con torres de hasta 35 metros de altura, el dinero que ingresan los propietarios de las fincas es muy inferior, ya que la cobertura alcanza a una población dispersa. Los contratos oscilan entre los 2.000 y 3.000 euros por año.

Los especialistas han constatado un descenso del precio del alquiler en los últimos meses. "Las operadoras pagan entre 8.000 y 10.000 euros anuales en el centro y los barrios", comentan. Incluso se han empezado a desmontar antenas debido a la reducción del consumo telefónico por la crisis, ya que los contratos dan a la empresa la opción de rescindirlo. Hay pocos casos, indican, pero aumentan según los expertos.

Urbanismo inició el año pasado una campaña para regularizar las antenas sin permiso municipal. Sus datos cifran en 206 los mástiles y torretas instalados en Vigo y sólo el 10% tenía licencia. El resto estaban en fase de tramitación o, simplemente, el plazo para obtenerla prescribió por no entregar las operadoras la documentación requerida. Las empresas contrataron primero la ubicación y después hicieron las gestiones para lograr los permisos, pero en la inmensa mayoría de los casos no remataron el proceso administrativo y colocaron los mástiles y estaciones, ahora en situación irregular.

Urbanismo rechaza legalizar una torreta en la planta de Citroën

La torre instalada en el polígono de Balaídos, dentro de las instalaciones de Citroën, no obtendrá la licencia municipal. El consejo de la Gerencia de Urbanismo da hoy cuenta del rechazo a otorgar el permiso a la instalación al concluir los técnicos que incumple los requisitos de la Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones. El conjunto de las antenas y la estructura, propiedad de la compañía Telefónica Móviles, está situado "a menos de 50 metros de una construcción, y además supera la altura máxima de 35 metros permitida", explican en su informe.

En el entorno de la planta están instaladas antenas de las tres principales operadoras de telefonía para dar servicio tanto a los móviles de empresa de la multinacional como de los trabajadores, señalan fuentes de la multinacional. La resolución establece que, de ratificar los inspectores la actividad, se abrirá expediente de restauración de la legalidad, lo que podría desembocar en la orden de retirada de la torre.

Otra en Alcabre

La Gerencia también ha denegado el permiso a otra antena de la misma compañía, en este caso instalada sobre la cubierta de una edificación en la avenida de Atlántida. (Alcabre). Los motivos son que la operadora no acreditó la autorización del Ministerio de Ciencia ni presentó el estudio de emisiones radiológicas, planos de la zona y fotografías para comprobar.

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