Aplazado el juicio de los 4 trabajadores del naval al renunciar uno a su defensa

Los sindicatos critican la "dureza" de la Fiscalía y anuncian una nueva movilización en la próxima vista

 12:03  
Más de dos mil trabajadores del metal salieron esta mañana a las calles de Vigo
Más de dos mil trabajadores del metal salieron esta mañana a las calles de Vigo  EFE/Salvador Sas
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El juicio previsto para hoy contra cuatro trabajadores del naval de Vigo en el Juzgado de lo Penal número 1 por daños causados en una huelga del metal en 2007 quedó aplazado para el próximo 5 de febrero tras renunciar uno de ellos, Daniel Cascallar, a su defensa.

La vista contra estas cuatro personas, para las que la Fiscalía pide cuatro años de prisión y una multa individual de 1.830 euros y colectiva de 8.220 euros, estaba señalada para hoy a las 10.00 horas. Así, los acusados Daniel Cascallar, Emilio Do Campo Vidal, Xosé G. e Iván P., se presentaron en los juzgados, donde estuvieron arropados por más de 2.000 trabajadores que permanecieron en el exterior.

Cascallar renunció a su abogado, al no sentirse representado por él, por lo que la jueza decidió posponer el juicio para el mes de febrero. En declaraciones a los medios de comunicación, este trabajador aseguró sentirse "indefenso" al considerar que a sus abogados "no les preocupa" defenderle de los cargos de los que se le acusa.

El trabajador, que es afiliado de la CIG, aseguró que desde abril estuvo trabajando en Pamplona y se le pidió que regresara a Vigo una semana antes del juicio para prepararlo.

Sin embargo, lamentó que su defensa "no habló con dos testigos" que, según él, probarían que no cometió los actos que se le atribuyen: la quema de un contenedor y pegar una patada a un coche policial.

Por su parte, otro de los acusados, Emilio Do Campo Vidal, afiliado de la CUT, también negó su participación en los hechos que se le imputan, aunque aseguró que los "asume" por solidaridad con todos sus compañeros del sector del metal. También consideró que las cuatro detenciones y las penas que piden para ellos tienen un objetivo de "represión" contra los trabajadores ante futuras movilizaciones aunque, según él, "lo único que hacen es agravar las cosas".

Negociación

Asimismo, se refirió a las negociaciones mantenidas ayer para intentar evitar el juicio y explicó que, en vez de cuatro años de prisión y la multa, la Fiscalía propuso una rebaja a seis meses y la aportación económica. En su caso, Do Campo mostró su rechazo a esta posibilidad porque supondría admitir su autoría y aseguró preferir "ir a prisión con la cabeza bien alta".

Una vez que los cuatro trabajadores salieron del edificio de la Audiencia Provincial con sede en Vigo fueron recibidos con aplausos de los huelguistas, quienes posteriormente partieron hacia al Praza do Rei para celebrar una asamblea.

Sindicatos

Por su parte, el responsable de negociación colectiva de la CIG, Antolín Alcántara, avanzó que el próximo juicio de febrero supondrá una nueva convocatoria de paro en el sector. En cuanto al proceso judicial, aseguró que la única solución posible es la "absolución" de los trabajadores de los que consideró que están "debidamente defendidos".

En cuanto a la posibilidad de que haya que hacer frente al pago de una multa, Alcántara señaló que "se va responder como sector"; es decir de manera "solidaria" y que, en todo caso, cualquiera de las centrales sindicales asumirá los gastos. Por su parte, el secretario general de la CIG, Suso Seixo, lamentó la "dureza" de la Fiscalía por las penas solicitadas, comportamiento que contrapuso con otros "más transigentes" adoptados en otro tipo de delitos no relacionados con el ámbito laboral.

Sobre una posible repercusión de las "peticiones abusivas" entre los trabajadores, Seixo reiteró su "postura clara" de que el sector seguirá movilizándose en defensa de sus intereses y también recordó que, hasta ahora, en Galicia no se ha dado ningún caso de un trabajadores que ingresara en la cárcel con hechos similares.

Finalmente, el responsable del Metal en UGT en la comarca de Vigo, José Antonio Alvarez, advirtió al respecto del aplazamiento del juicio de que "puede ser peor el remedio que la enfermedad", ante la posible coincidencia de la vista con la negociación del próximo convenio colectivo. También recordó que los hechos que serán juzgados se cometieron en un momento en el que los ánimos estaban "crispados".

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