Después de 16 años de litigio y cuatro sentencias favorables del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Tribunal Supremo, el Concello de Vigo deberá abonar casi 1,4 millones de euros a un total de 37 taxistas de la ciudad por la devolución de licencias declaradas "innecesarias" por los juzgados apenas un año después de que las concediera la corporación viguesa en 1992.
El último capítulo de esta polémica historia en la ciudad se escribió el pasado 20 de junio, cuando el máximo tribunal gallego comunicaba al gobierno local la orden de ejecución de la sentencia firme de la Sala de lo Contencioso Administrativo dictada en junio del pasado año. Ahora el Concello dispone del plazo de tres meses para hacer efectiva la indemnización.
La corporación debe aplicar en los próximos meses una sentencia que considera indemnizable la pérdida de puestos de trabajo, los daños morales y las tasas abonadas en su día por los conductores por las nuevas plazas que se concedieron irregularmente. El fallo judicial condena al gobierno local al pago de 26.519,66 euros a un total de 27 demandantes; 28.250,57 es la cuantía establecida para otros seis; 24.981,07 recibirán dos de los denunciantes; y por último 22.000 serán para un único taxista y 19.668 para otro.
La suma de todas las cantidades es de 977.164 euros, pero se deberá abonar con impuestos legales desde la fecha de la reclamación administrativa (1998), por lo que la indemnización asciende hasta los 1,391.563 euros.
Proceso
Conocida la resolución judicial y la imposibilidad de recurrir, el Concello busca ahora la forma de hacer frente al pago de una multa que se viene aplazando desde que en febrero de 1993 el Tribunal Superior anulase la ampliación de licencias.
El proceso se inició en el año 1992, cuando el tripartito compuesto por socialistas, EG y BNG, decidió proceder a una ampliación de las 553 licencias de taxis. El pleno del 30 de enero de 1992 aprobó dicha ampliación, de 40 licencias más. La decisión fue recurrida por la patronal del taxi, al considerar innecesaria la medida. El Tribunal Superior les dio la razón y en febrero de 1993 el Concello anuló la concesión.
Los afectados -cobrarán 37 porque cuatro de ellos no habían abonado las tasas en 1992-, presentaron recurso contra la decisión adoptada por el Concello y pidieron responsablidades patrimoniales, a lo que el gobierno municipal, con mayoría del PP entonces, se negó a responder.
Tras un encierro en la alcaldía en el año 1996, el Concello decretó que se devolviesen las licencias. Mientras, los afectados llevaron el caso a los tribunales, que ahora, tras varios recursos municipales, les dan la razón para que puedan cobrar lo invertido más intereses.
Plazos
El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, lamentaba ayer el "reducido" plazo del que dispone para hacer frente al pago de esta elevada suma, pero también advertía de que "en el futuro próximo vendrá alguna otra sentencia mucho peor y de mayor cuantía".
Sin especificar los ámbitos, el regidor vigués no se mordió la lengua y culpó a "anteriores corporaciones" de hipotecar proyectos previstos en la ciudad. "Las arcas municipales se verán resentidas al hacer efectivos los pagos y habrá inversiones que pueden verse afectadas", lamentaba en tono de reproche.
