Más de 700 quejas por presuntos casos de discriminación lingüística. Es la cifra de escritos que ha recibido la asociación Galicia Bilingüe a través de su página web remitidos por ciudadanos de la comunidad autónoma que también solicitan asesoramiento para "enfrentarse a la política impositiva de la Administración gallega en este terreno". Según explica su presidenta, Gloria Lago, la mitad de las protestas están relacionadas con temas educativos, mientras que un 30% tienen que ver con el trato de las administraciones. El 20% restante se refiere al acceso a subvenciones.

Apunta que "la Mesa pola Normalización Lingüística dice que el decreto no se cumple pero nosotros percibimos que se aplica incluso más allá del mínimo". En este sentido, alude a que "detectamos mucho malestar entre los padres y nos ha sorprendido el volumen de quejas que recibimos y que nos ocupa buena parte de nuestro tiempo".

En este sentido, se encuentran con que "somos el único canal que tienen para expresar su frustración ya que en la Administración sólo hallan vías de protesta para los casos de dificultades para el uso del gallego, nunca del español". Agrega que los casos son "enormemente variados" lo que les lleva a deducir "no sólo que el castellano ha sido prácticamente erradicado de la mayor parte de los organismos públicos, sino que la imposición cae a menudo en situaciones absurdas que incluso rayan el ridículo".

Así, tanto ella como José Manuel Pousada indican que las quejas se extienden a muchas instituciones "en las que toda la documentación está únicamente en gallego" mientras que los padres se encuentran con problemas "ante el rechazo en la dirección ante cualquier solicitud para ser informados en español o las escasas garantías que evidencia el limitado dominio del castellano culto de los alumnos".

Entre las quejas recibidas, Lago destaca "reprimendas o presiones que reciben los alumnos por utilizar el castellano" o el caso de un estudiante colombiano que, aseguran, "por su condición de castellanohablante está sufriendo un rechazo que traspasa límites hasta convertirse en un elemento xenofóbico". También critican que el Consello da Cultura Gallega "tiene un convenio en el que se especifica que su lengua laboral es sólo el gallego" o las dificultades para obtener documentación en castellano en el Sergas, en ayuntamientos o en las universidades incluso para realizar trámites fuera de Galicia.

Pousada señala que "no conozco ningún país con más de una lengua oficial en el que a los ciudadanos se les impida expresarse o ser atendido en cualquiera de ellas" y lamenta que el Consello da Cultura Galega no utilice el castellano "porque da a entender que no forma parte de la cultura gallega".