Las listas de espera en las residencias de asistidos de Vicepresidencia podrían aliviarse con la ocupación de las al menos 70 vacantes del centro de mayores del Meixoeiro. De las 101 camas para dependientes aprobadas por el departamento autonómico tras la ampliación del inmueble el pasado año, sólo se ocuparon un total de 24. Las razones que aducen los propios trabajadores son la mala distribución arquitectónica del edificio y la falta de espacio para mover camas y sillas de ruedas.

La denuncia la trasladó el comité de empresa al subdirector xeral de Persoal de Vicepresidencia, Ramón del Valle, el pasado mes de febrero, cuando también remitió un escrito al Ministerio de Trabajo solicitando una inspección de las obras de ampliación que se acometieron para poder atender a dependientes.

El centro de mayores, ubicado en un edificio de 1976, cerró en 2004 para someterse a una reforma y adaptar sus instalaciones a la normativa sobre usuarios dependientes. Las obras concluyeron en julio del pasado año y de forma progresiva comenzó a incorporarse el personal laboral y los usuarios, "alrededor de 40 válidos y 24 personas discapacitadas".

Los datos los ofrecen los sindicatos de Vigo y los miembros del comité de empresa, que consideran "inexplicable" que sólo se pudieran ocupar 24 habitaciones, cuando el número de plazas de dependientes anunciado para este centro era de un total de 101.

Preguntados por las razones por las que la residencia no funciona a pleno rendimiento, desde Vicepresidencia responden que "no se va a entrar en este tema" ni a contestar a las duras acusaciones de los representantes de los trabajadores, que no entienden cómo se encarga una reforma sin asegurarse de que el resultado permitirá acoger al centenar de personas que se tenía previsto.

"Insólito" o "vergonzoso" son sólo algunos de los apelativos de CCOO para la situación actual del centro de mayores del Meixoeiro, en el que se ha invertido dinero para cumplir un cometido que actualmente no puede desempeñar. "Las paredes no son suficientemente anchas y no podemos bajar a los enfermos al jardín, no hay baños geriátricos suficientes y la clínica está separada de las habitaciones", que es uno de los requisitos que exige la nueva legislación.

Todas estas deficiencias detectadas por los trabajadores tras la reapertura de 2007 se trasladaron al Ejecutivo autonómico, quien se habría comprometido a subsanarlas, y a la Inspección del Ministerio de Trabajo. Sus técnicos emitieron un informe con fecha 20 de febrero de 2008 en el que además se insta a Vicepresidencia a revisar otros aspectos de menor envergadura, como "el espacio para manejar internos en el departamento de clínica, la ventilación en la cocina o el anclaje de las estanterías del almacén".

Cuatro meses después, el comité de empresa sostiene que no se han realizado las mejoras exigidas por el Gobierno y que el número de internos permanece congelado en 40 válidos y 24 dependientes, pese a "haber reforzado la plantilla a principios de este año con 20 trabajadores pensando en aumentar los usuarios".