Frente a la "falta de medios" y la "decadencia" del servicio aducidas por el juez de Familia Luis Ángel Fernández Barrio para pedir su traslado, la Consellería de Xustiza opta por la indiferencia. En la entrevista publicada en exclusiva por FARO el pasado domingo el magistrado se refería al "declive" de las salas y a la falta de inversiones, pero el departamento que dirige José Luis Méndez Romeu considera que no debe valorar estas declaraciones al entender que no afectan a sus competencias.
Desde la Xunta, interpretan que las críticas sobre la carencia de recursos sólo se refieren al colapso del punto de encuentro, un servicio que pertenece a Vicepresidencia y sobre el que no tienen, por tanto, atribuciones. Tampoco consideran entre sus obligaciones la formación de un equipo psicosocial y un médico forense, otras de las necesidades formuladas por Fernández Barrio, que defiende la mediación familiar previa a los juicios. Una posibilidad que hasta el momento no tiene un carácter obligatorio y que provoca, sostiene, que los jueces "se hayan convertido en psicólogos".
Como ejemplo de que la situación de los juzgados no es deficitaria, fuentes de la consellería apuntan a la diligencia en la resolución de casos también referida por el magistrado en la citada la entrevista.
Durante el día de ayer, este periódico intentó obtener una valoración sobre la marcha del juez por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Consejo General del Poder Judicial, pero ambas instituciones declinaron emitir su opinión.
Preguntado por el mismo motivo el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, respondió que no quería hacer declaraciones.
Cinco años en el puesto
Luis Ángel Fernández Barrio ha decidido dejar su cargo en el juzgado de Primera Instancia número 12, especializado en Familia, después de cinco años en el puesto y confesándose "abatido".
"Me gustaría que algunos de los políticos que tienen mano sufriesen aquí una separación o un divorcio. Porque entonces a lo mejor se hacía algo", llega a declarar durante la entrevista.
El magistrado denuncia que la Administración "no ha creado nada" en las dos salas de Familia existentes y que el punto de encuentro, donde las parejas divorciadas realizan el intercambio de sus hijos, se encuentra en una situación de "colapso total".
Los magistrados sólo envían los casos que ofrecen mayor dificultad, como las visitas tuteladas, pero, según Fernández Barrio, ya "no tienen ni personal ni espacio" para atenderlos.
