El nuevo hospital de Vigo puede ser el primero de la red pública gallega en el que participe la iniciativa privada. El Sergas estudia implantar un modelo de financiación y gestión en el que entren grandes compañías de salud, como ocurre ya en comunidades autónomas como Valencia, Madrid, y en menor medida, en Baleares. El coste del complejo que se construirá en Beade-Valladares, que rondará los 400 millones, y los ajustados plazos -el gobierno gallego ha fijado su apertura para 2012-, fueron los factores determinantes para abrir la puerta a esta posible asociación entre la administración y grupos empresariales, según las fuentes consultadas.
El secretario xeral del Sergas, Cayetano Rodríguez Escudero, ofrecerá una conferencia en Madrid el próximo día 27 en la que hablará del Plan Director de Infraestructuras Sanitarias de Galicia 2008-2013, dentro de unas jornadas organizadas por el Grupo Intereconomía. Aparte de exponer las inversiones previstas en estos cinco años, su charla incluye apartados sobre "fórmulas de adjudicación, plazos de ejecución, vías de financiación y participación de la iniciativa privada".
Rodríguez Escudero ya ha puesto sobre la mesa este modelo en al menos una reunión mantenida en Vigo. En ella, según confirmaron varias fuentes, estuvieron presentes directores de centros del Complejo Hospitalario (CHUVI), junto a responsables políticos de municipios del área sanitaria. El secretario xeral explicó que mantiene contactos con empresas de fuera de la comunidad, participadas o apoyadas por cajas de ahorro, para buscar financiación y dar entrada a la iniciativa privada a través de una gestión mixta del nuevo hospital, con capacidad para acoger a más de 1.400 pacientes. De ese modo, argumentó, se garantizaría que el complejo sanitario estará construido en tiempo, y se obtendría la financiación necesaria.
El responsable del Sergas defendió además que se mantendrían los parámetros de calidad en la atención sanitaria, aminorando el creciente gasto. El proyecto del hospital se amplió en 40.000 metros cuadrados ante las previsiones de crecimiento poblacional de Vigo y su área metropolitana.
También participa en las gestiones promovidas por el Sergas José Manuel González, ex conselleiro de Sanidade con el anterior gobierno de la Xunta y ahora gerente del hospital universitario de Alcorcón, en Madrid, regido por una fundación privada.
Modelo anglosajón
La experiencia de asociación mixta nace de un modelo anglosajón, el PFI (Iniciación de Financiación Privada), y se haría a través de una concesión de obra a una o varias compañías especializadas. En España ya se aplica en numerosos hospitales a través de distintos grados de participación empresarial y diversas fórmulas, y está en una fase de expansión no exenta de controversia, ya que genera críticas entre profesionales sanitarios y sindicatos opuestos a la entrada de participación privada en la sanidad pública.
Los distintos modelos de PFI abarcan varios sistemas: desde la explotación integral, con personal contratado por las empresas, y un canon por habitante al año que paga la administración -como en el caso de Alzira (Valencia)-; hasta la gestión sanitaria pública con la externalización de trabajos de limpieza, restauración, lavandería cafetería, seguridad o mantenimiento; pasando por privatizar servicios médicos como las unidades de Radiología.
Las concesiones se prolongan por periodos de entre 25 y 30 años, al cabo de los cuales las instalaciones hospitalarias revierten en la administración. En Valencia la gestión privada no sólo afecta a la atención especializada. En varios departamentos se ha extendido además a los centros de salud. Mientras que en los hospitales los profesionales son contratados, en la atención primaria pertenecen a la red sanitaria de la Generalitat.
Caso vigués
En el caso de Vigo, el gran complejo de Beade-Valladares no puede tener personal propio contratado si entran en la gestión grupos privados, ya que debe absorber la plantilla del Hospital Xeral-Cíes, que cuenta con cerca de 2.800 trabajadores pertenecientes al Sergas. El Pirulí se centrará en el futuro, cuando estén abiertas las nuevas instalaciones, en las urgencias que no requieren hospitalización. Los demás espacios se destinarán a Atención Especializada, compatible también con la Primaria. Todos los servicios restantes se trasladarán al nuevo hospital.
La participación privada en el sistema público de salud ha sido objeto de confrontación política entre el Partido Popular, que la promueve en varias autonomías, y el PSOE, que ha defendido hasta ahora la gestión pública integral. En el caso de Valencia, los socialistas, opuestos a la entrada de participación privada en la sanidad pública, incluso llegaron a prometer que rescatarían las concesiones si gobernaban en la Generalitat. En las últimas elecciones autonómicas suavizaron su posición y anunciaron que las asumirían pese a no ser su modelo. No obstante, el gobierno socialista de las Islas Baleares ha empezado a promover estas asociaciones mixtas con capital privado para financiar los hospitales de su red sanitaria.
