Ocho de cada diez gallegos están a favor de que los padres o en su defecto los alumnos, "cuando tengan capacidad decisoria", elijan el modelo lingüístico de enseñanza en los centros educativos de la comunidad. Esta es la principal conclusión de la encuesta encargada por la asociación Galicia Bilingüe -a favor de la coexistencia de gallego y castellano en las escuelas- a una empresa de demoscopia que realizó 800 entrevistas en toda Galicia, 71 de ellas en Vigo.

La presidenta del colectivo, Gloria Lago, presentó ayer en la ciudad olívica los resultados del estudio, que reflejan que un alto porcentaje de los entrevistados, en concreto dos de cada tres, "consideran que el actual modelo educativo favorece el uso de la lengua gallega". Cabe destacar, además, que el 81 por ciento insistió en que "la utilización en la enseñanza de un idioma distinto al habitual del alumno supone un esfuerzo adicional para su formación", especialmente en los casos de estudiantes que llegan de otros puntos de España e incluso del extranjero.

La intención de Galicia Bilingüe era analizar la "controversia" que afecta al uso del gallego y castellano y la consulta realizada constató una "clara dicotomía" en cuanto a utilización, ya que 336 encuestados manifestaron expresarse habitualmente en gallego frente a otros 339 que optan por el castellano.

Sorprendida con estos datos, Gloria Lago destacaba la "tolerancia de los gallegohablantes", ya que a pesar de ser la mitad de los participantes los que hablan la lengua a diario, un porcentaje más alto, el 60 por ciento, es el que se inclina por que los funcionarios de los organismos públicos se expresen en la lengua que prefiera el administrado. La cifra es ligeramente inferior al 68 por ciento que defiende que la señalización de carreteras y calles figure en los dos idiomas y diametralmente opuesta al escaso 12 por ciento que opta por la situación actual, con uso exclusivo del gallego en cartelería.

Mención especial merece el anteproyecto de ley que regula el comercio, en el que "figura como obligatorio redactar en gallego la oferta de productos y servicios". Siete de cada diez consultados en A Coruña y la mitad de los pontevedreses no están de acuerdo con las sanciones previstas por incumplir la nueva legislación.