Un pedazo de la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) para cada parte, y compensaciones a Zona Franca -en usos urbanísticos, dinero y un puerto deportivo- por el desembolso de 30 millones de euros que hizo para comprar la parcela . La Xunta y el Consorcio estatal están a punto de liquidar las diferencias que mantienen paralizado el proyecto de la Ciudad del Mar, el campus científico que abandera la administración autonómica como una de sus iniciativas estrella en materia de investigación.

Zona Franca se negaba a ceder gratis la parcela, y la Xunta, a pagar por ella. Tras meses de negociaciones, estudio de fórmulas posibles y cálculos económicos, los términos del acuerdo están pactados y sólo falta cerrar flecos para que el presidente de la Xunta, el delegado de Zona Franca y el alcalde firmen el convenio, con toda seguridad antes de mayo.

El borrador en poder de la Consellería de Economía, al que tuvo acceso FARO, establece que la Zona Franca, que compró los terrenos al Ministerio de Defensa en 2002 tras el cierre de la escuela militar, cede tres ámbitos de la parcela -con una superficie de 115.000 metros cuadrados- a la Xunta. La administración gallega resarcirá al Consorcio con usos de ocio, náutica y vivienda para que recupere la inversión. Estos serán reflejados en el Plan de Interés Supramunicipal aprobado por el gobierno gallego, que dio carácter estratégico al proyecto.

Además le entregará, para igualar la aportación de ambas administraciones, 6 millones de euros, aunque en este caso es la ciudad la que se beneficia ya que el Consorcio lo destinará a proyectos de inversión en Vigo. La Xunta también colaborará en las gestiones a fin de que Zona Franca logre la concesión del espacio para construir un gran puerto deportivo. El uso marítimo será mixto, ya que la ampliación del dique para abrigar los amarres permitirá el atraque de los buques oceanográficos. La base atlántica de los barcos de investigación marina es la otra pata del proyecto científico, en el que participa el Ministerio de Educación.

Dos áreas

La Ciudad del Mar se dividirá en dos zonas que suman 44.000 metros cuadrados de suelo edificable. El complejo incluye el Instituto de Investigaciones Marinas -ahora en Bouzas, muy limitado por falta de espacio-, además de centros especializados en innovación en recursos marinos, cursos de posgrado, y estudios de socioeconomía pesquera.

El proyecto contempla la unidad que coordinará la base oceanográfica, aparte de reservar espacio para el Laboratorio Comunitario de Referencia de Biotoxinas Marinas, que sería trasladado desde el Puerto.

En una de las dos zonas del campus, la Xunta conserva cuatro edificios emblemáticos en el entorno de la Plaza de Armas: el "Faraday", "Siemens", "Morse", y la antigua enfermería. El otro área de investigación marina está próximo al espacio residencial que explotará Zona Franca. El Consorcio dispondrá allí de una edificabilidad de 22.800 m2 que, según figura en la documentación, estarán sometidos a régimen de protección.

Como compensación a mayores la entidad dependiente del Ministerio de Economía se beneficiará de una amplia superficie de usos terciarios a pie de mar vinculados al puerto deportivo.

Como ya había anunciado el delegado de Zona Franca, el Concello recibirá las instalaciones deportivas. Es un complejo atractivo, ya que cuenta con un gran pabellón polideportivo, que incluye piscina, además de un campo de fútbol y varias canchas. Sin embargo, se ha deteriorado progresivamente en los últimos años por la falta de mantenimiento. Los vecinos de Teis reclaman su apertura, pero el Consorcio no quiere desprenderse hasta que se firme el acuerdo definitivo.

El Ayuntamiento deberá ocuparse de su restauración para que pueda ser abierto al público, y también del mantenimiento una vez que se produzca la cesión.

Fin del proceso

El convenio supone la solución al conflicto entre Xunta y Zona Franca. El presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño, y el delegado del Consorcio, Francisco López Peña, firmaron el 6 de abril del año pasado un protocolo, en la propia ETEA, por el que la administración gallega se comprometía a compensar la cesión del suelo. La Consellería de Economía, sin embargo, rechazaba pagar por el suelo, por lo que se ha habilitado la fórmula de una permuta a cambio del aprovechamiento de parte de la parcela.