Sanz prestó declaración a puerta cerrada en la sede de la Fiscalía Estatal de Miami sobre diversos aspectos que no fueron divulgados ni por los abogados de los acusados, ni por los fiscales encargados del caso.
"Tal como fue ordenado por la jueza él dio su declaración jurada alrededor del mediodía. No se permitió que la prensa tuviera acceso a él para que no fuera maltratado por los periodistas o cualquier otra persona", dijo el fiscal Michael Von Zamfit.
Pese a que en las afueras de la Fiscalía había una veintena de medios de comunicación apostados en las dos entradas del edificio, ninguno de los periodistas logró ver a Sanz entrar o salir.
Von Zamfit reveló que hicieron arreglos con un investigador privado de la Fiscalía para que trasladara a Sanz y aseguró:"No es un trato especial, hacemos esto con otras personas todo el tiempo".
El fiscal dijo que desconoce cuántas preguntas se le formularon al intérprete de "Corazón partío".
Dos ex trabajadores del cantante, Carlos González y Sylvia Helena Alzate, afrontan un cargo de extorsión por pedir, presuntamente, 500.000 dólares a Sanz para no divulgar asuntos personales del artista.
"No sé si tendrá que declarar de nuevo. Si la defensa lo cita para que testifique (en el juicio), entonces deberá comparecer como testigo", dijo Von Zamfit.
Durante el interrogatorio, Sanz no respondió algunas preguntas personales relacionadas el lugar donde vive y los nombres de algunos de sus familiares, aspectos que el fiscal aseguró se aconsejan que las víctimas no respondan.
En la sala donde declaró el artista madrileño estuvieron presentes ocho personas, pero el fiscal no facilitó detalles al respecto.
Richard Baron, uno de los abogados de los acusados, explicó que la mayoría de las preguntas fueron respondidas y el próximo paso será tomar las declaraciones de algunos testigos de la Fiscalía, uno de ellos es Juan Ramón Ramírez.
Ramírez es el director corporativo de ALJA Productions Inc, una subsidiaria en Florida de la compañía Gazul Producciones S.L, con sede en Madrid y propiedad del cantante, que informó en diciembre pasado a las autoridades de EEUU del presunto robo y extorsión a Sanz.
"Nuestra estrategia en este caso es que salga a relucir la verdad y creo que para que un jurado pueda pronunciarse todos los testigos y particularmente la presunta víctima deben estar en el tribunal", expresó Baron.
El juicio está previsto para el próximo 13 de noviembre y la jueza encargada del caso fijó una nueva audiencia para el 1 de noviembre.
Pero podría ser postergado una vez más porque Von Zamfit recurrió hoy ante un tribunal de Apelaciones la decisión de negar que la jueza Rosa Rodríguez abandone la instrucción del caso.
"Presentamos una apelación para que se le prohíba que continúe como jueza (encargada del caso). El tribunal de Apelaciones puede tomarse un día o un mes para emitir una decisión", indicó el fiscal.
Los fiscales presentaron la semana pasada cuatro mociones y dos de ellas estaban relacionadas con la destitución de Rodríguez como jueza encargada del caso y de uno de los abogados defensores, Lonnie Richardson.
Rodríguez recientemente sustituyó en el caso a la magistrada Cristina Pereyra-Shuminer que renunció a su cargo para convertirse en estrella de televisión.
Pereyra-Shuminer es la jueza del programa "Veredicto final" que se transmite por Telefutura, cadena hermana de Univisión.
Los acusados en el caso han negado las acusaciones y los fiscales desestimaron en mayo pasado tres cargos de robo en mayor cuantía que enfrentaba sólo González.
La pareja trabajó para el cantante español en su residencia de Miami Beach.
