La Xunta lleva al Constitucional el decreto del Estado sobre parques eólicos marinos

X. A. Taboada / santiago
La Xunta dirimirá en el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias con el Estado sobre quién tiene la responsabilidad para autorizar parques eólicos en el mar. La Vicepresidencia del Gobierno gallego ha decidido finalmente presentar un recurso ante el Constitucional, cuya documentación será entregada entre hoy y mañana, contra el real decreto que establece el procedimiento para tramitar las solicitudes y permisos de instalación de aerogeneradores marinos y que asigna la responsabilidad al Ministerio de Industria. La Xunta considera que el Estado invade las competencias propias de la comunidad autónoma y por eso acude al Tribunal Constitucional en defensa de lo que considera sus derechos.
"Es Galicia quien tiene que decidir si se instalan o no parques eólicos marinos y que esto no se decida en Madrid, a 1.000 kilómetros de distancia", declaró el vicepresidente, Anxo Quintana, quien recordó que además tanto la Xunta como el Parlamento están en contra de la instalación de aerogeneradores en el mar. Pero al margen de estos pronunciamientos, el Ministerio de Industria señaló tres áreas de estudio en el mar territorial gallego como posibles ubicaciones para aerogeneradores: la costa de Lugo y las franjas marinas entre Cedeira y Laxe y entre Fisterra y a Pobra do Caramiñal.
Con la decisión de Vicepresidencia ya serán dos los conflictos de competencias entre Galicia y el Estado que deberá resolver el Constitucional, aunque el anterior fue promovido por el Gobierno central al entender que la Lei de Dereito Civil de Galicia excedía las competencias autonómicas en los artículos que regula la adopción de menores y el proceso de autotutela.
Aviso
El conflicto institucional sobre los parques eólicos marinos comenzó oficialmente en septiembre, cuando el Consello de la Xunta aprobó el envío de un requerimiento al Gobierno central advirtiéndole de que, con el real decreto, estaba invadiendo áreas de responsabilidad autonómica. Sin embargo, el Consejo de Ministros del 26 de octubre rechazó el requerimiento.
Según el Gobierno gallego, los argumentos del Estado para rechazar este requerimiento "no tienen apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". En este sentido, interpreta que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Galicia establecen un régimen de distribución de competencias en materia de autorización de instalaciones eólicas que se extenderá al espacio marítimo, "y no existe ninguna limitación de competencias en el ámbito terrestre".
Anxo Quintana entiende que el Gobierno de Zapatero "está en una perspectiva recentralizadora preocupante". "No vamos a permitir que Madrid vuelva a los peores tiempos en los que consideraba que todo lo puede decidir y hacer. No podemos permitir que desde Madrid se decida lo que se hace en nuestra costa, la costa que afecta a los gallegos y al mar que es el medio de vida de miles de personas", añadió.
Por su parte, el PP consideró que la Xunta llega "tarde y mal" al recurrir ahora al Constitucional, "porque lo que tenía que haber recurrido es la ley del sector eléctrico". El portavoz popular, Manuel Ruiz Rivas, aseguró que el momento en el que las competencias de Galicia no estaban siendo respetadas fue cuando el pasado verano se modificó la ley del sector eléctrico, que permite desarrollar este decreto y la consecuente autorización de instalaciones que generen electricidad.