EUROPA PRESS
En respuesta a una pregunta del diputado del BNG Bieito Lobeira, Ramón Lueje garantizó que los "vecinos afectados" podrán participar en este proceso, que prevé que se demore "unos seis meses", pues habrá un período de información pública de 20 días hábiles.
La conselleira de Política Territorial, María José Caride, anunció ayer que su departamento anulará las normas subsidiarias del planeamiento de Marín relativas a estos núcleos de litoral y sustituirá la clasificación de este suelo "por la que en derecho tenía", de tal forma que las viviendas afectadas quedarán dentro de la legalidad vigente.
En este momento la irregularidad en la que incurren estas viviendas es que los núcleos del litoral de Marín no figuraban en 1988 -cuando entró en vigor la Ley de Costas- como urbanos, sino como suelo no urbanizable, por lo que las viviendas tradicionales situadas a menos de 100 metros quedaban fuera de la legalidad vigente.
Lueje explicó que ahora la Xunta y el Gobierno central tendrán un proceso que se prolongará durante medio año para conseguir darle la vuelta a esta situación y legalizar la situación de estas viviendas, que el director xeral atribuyó a "un error de derecho".
El procedimiento se resume en que Política Territorial revisará el planeamiento urbanístico de Marín, lo someterá a exposición pública y solicitará un informe del Consello Consultivo para, finalmente, remitir al Ministerio de Medio Ambiente la revisión y que éste modifique la servidumbre de protección marítimo-terrestre de estos núcleos, reduciéndola a 20 metros.
Por su parte, el diputado nacionalista Bieito Lobeira recordó que el BNG llevó este problema "siete veces al Parlamento" en el último año y medio" y celebró que se produzca "por primera vez de forma formar un compromiso concreto" para que esta cuestión "concluya de manera positiva".
"TRIUNFO DE LOS VECINOS"
Lobeira aseguró que ésta es "una conquista y un triunfo" de los vecinos afectados -con unas 400 viviendas- y reclamó que éstos puedan participar en el proceso que tendrá que finalizar con la legalización de sus propiedades.
Durante la intervención del director xeral de Urbanismo una representación de vecinos afectados siguieron, desde una sala del Grupo Parlamentario del BNG y por un monitor en circuito cerrado, su comparecencia, mientras que otro grupo se manifestó de forma pacífica a las puertas del Parlamento.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de este colectivo, Enrique Méndez, recordó que unas 400 familias llevan muchos años soportando "multas y amenazas de demolición" y reclamó que este problema "se resuelva de manera definitiva" y sus viviendas adquieran "un status administrativo legal".