X. A. Taboada / santiago
La entrada en vigor, el pasado día 28 de abril, de la nueva Ley de Montes ha posibilitado que unos 550 guardas forestales puedan practicar detenciones en los montes y ríos gallegos de cualquier persona sospechosa de cometer un delito medioambiental. Ante esta nueva función, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela, advirtió ayer que la mayoría de los agentes forestales carece de formación específica, por lo que reclamó cursos de preparación para "evitar detenciones ilegales". La Xunta, por su parte, prefiere que sus funcionarios no ejerzan las nuevas funciones hasta completar los cursos de preparación y una vez superada la actual campaña de lucha contra el fuego.
La Ley de Montes, elaborada por el Gobierno central, determina con claridad que los guardas forestales suman a su tradicional función administrativa también la de agente de la autoridad y la de policía judicial, pero exclusivamente vinculadas a la protección medioambiental.
De forma genérica, aunque no se prohíbe (si cuentan con los permisos pertinentes y se la facilita la Xunta), estos nuevos agentes no llevarán arma, pero podrán elaborar los atestados sin tener que remitirse a la Policía o a la Guardia Civil. Y en caso de practicar una detención, al no disponer de instalaciones propias, los guardas forestales deberán conducir al detenido hasta un puesto de la Guardia Civil, Policía -Nacional, Local Autonómica- o a un juzgado.
En una reunión celebrada en A Coruña entre Carlos Varela y los fiscales antiincendios de Galicia para analizar precisamente las nueva competencias de los guardas forestales, el fiscal jefe subrayó la "necesidad de mejorar la formación" de este colectivo de funcionarios, ya que, según dijo, "para evitar problemas futuros no debe en ningún caso desconocer las atribuciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el ámbito de la persecución y aseguramiento de los delincuentes y el respeto a los derechos de los ciudadanos".
Medio Rural como responsable de más de 400 guardas forestales -el resto pertenece a Medio Ambiente- también es consciente de los riesgos que asumirían unos funcionarios que se pusiesen a practicar detenciones sin contar con experiencia ni formación, aunque valora estas nuevas atribuciones. Su propósito es que los guardas sigan de forma transitoria con sus actuales funciones de vigilancia de los montes, inspección e prevención de los incendios hasta que completen la formación adecuada.
Medio Rural considera que durante esta campaña deberían seguir con sus actuales tareas los 38 agentes forestales, ya especializados en la investigación de los incendios y que colaboran con las Fuerzas de Seguridad cuando éstas detienen a un sospechoso.
