El Gobierno está reclamando desde el pasado año la propiedad de montes vecinales ubicados en primera línea de costa y suman ya más de un centenar las mancomunidades afectadas en Galicia en las zonas de Baixo Miño, O Morrazo y O Barbanza. El Catastro les ha notificado por carta que los terrenos más próximos al mar dejan de ser de su titularidad y se incorporan al dominio público marítimo terrestre. Los comuneros denuncian la “confiscación” de sus tierras y están pendientes de una reunión con el director general de Costas el próximo mes de septiembre. Además, preparan una reclamación conjunta ante el Gobierno porque consideran que se están haciendo mal los deslindes y se están incorporando terrenos de forma errónea.
La Ley de Costas aprobada en 1988 establece que en el dominio publico marítimo terrestre “no podrán existir terrenos de propiedad distinta a la demanial del Estado”. Esa franja la constituye la zona marítimo-terrestre, las playas, la aguas interiores, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Para definir qué terrenos forman parte del dominio público se hicieron los deslindes, que consistieron en dibujar una línea que determinó que espacios pasaban a formar parte de la titularidad del Estado. Y dentro de esta franja quedaron muchos montes vecinales gallegos.
El Catastro empezó a enviar el pasado año cartas a los comuneros para advertirles que esas tierras pasaban a ser propiedad del Estado. Transcurrido un año ya van más de un centenar de mancomunidades notificadas, según los datos de la Organización Galega de Comunidades de Montes (OGCM), que no descarta que esta cifra se pueda incrementar.
Según explica el presidente de los mancomuneros, Xosé Alfredo Pereira, no solo pierden la titularidad de estos terrenos pegados al mar sino que la ley les impide determinados usos como la ganadería o extraer madera, lo que les supone en la práctica dejar de ingresar dinero por estas actividades. “Son usos incompatibles”, advierte el responsable de la Organización Galega de Comunidades de Montes. De hecho, advierte que alguna comunidad de montes preveía talas para extraer madera y abortó las cortas ante las dudas legales.
Desde el Gobierno se había aclarado, sin embargo, que las mancomunidades podrían mantener la gestión, aunque perdiesen la titularidad de los terrenos. Eso sí, no se permitirán usos peligrosos ni privativos, es decir, no podrán impedir o limitar el acceso a estas parcelas.
“Han hecho la ley con los ojos puestos en el Mediterráneo, pero aquí la realidad es distinta"
Los comuneros consideran que se trata de una “confiscación encubierta” y desde que llegaron las primeras notificaciones del Catastro empezaron a organizarse en asambleas para intentar conservar la propiedad de estos terrenos.
“Han hecho la ley con los ojos puestos en el Mediterráneo, pero aquí la realidad es distinta. En los montes vecinales, por ejemplo, no se puede edificar y se han podido mantener vírgenes estos tramos de costa gracias precisamente a los comuneros”, denuncia Xosé Alfredo Pereira.
Las mancomunidades trasladaron su problemática a los grupos políticos del Congreso y del Parlamento gallego. En la Cámara autonómica su reivindicación fue asumida por el BNG que presentó una propuesta en la comisión de Agricultura del Pazo do Hórreo para instar al Ejecutivo a cambiar la Ley de Costas para que los comuneros con montes en el litoral no pierdan su propiedad. La iniciativa fue aprobada, con los votos a favor del PP y el rechazo del PSdeG.
Además consiguieron una cita con el Ministerio para la Transición Ecológica. Aunque todavía no les han concretado fecha, tienen el compromiso de que serán recibidos por el director general de Costas el próximo mes de septiembre.
Errores
Sin embargo, la indignación de las mancomunidades de montes ha ido a más porque no solo pierden la titularidad de los terrenos más próximos al mar sino que, según denuncian, hay errores en los deslindes.
La Ley de Costas dice que las demarcaciones marítimo terrestres son las superficies comprendidas entre la línea del mar y la línea marcada por la marea más grande (pleamar) de los últimos cinco años. “Y se puede comprobar como están metiendo más terrenos de los que deberían en esa zona de dominio público”, advierte Xosé Alfredo Pereira.
Por esta razón, la Organización Galega de Comunidades de Montes está pidiendo a los montes vecinales que comprueben que los deslindes están bien hechos consultando el mapa del Ministerio para la Transición Ecológica donde se define la zona de dominio público. Y ya avanzan que sus servicios jurídicos preparan una reclamación ante Costas para corregir estos errores.
Además, los comuneros han remitido una carta a la Xunta en la que le dan su apoyo para que reclame al Gobierno las competencias en la gestión del litoral.
El Ejecutivo gallego ha solicitado el traspaso de Costas a Galicia, lo que le daría capacidad para autorizar o denegar concesiones. Sin embargo, la Administración central se niega a esta transferencia alegando que para autorizarla la comunidad autónoma tendría que reformar su Estatuto de Autonomía.
