Punto final al conflicto en Justicia cien días después de haberse iniciado la huelga y tras la suspensión de más de 17.000 juicios y miles de trámites en los juzgados gallegos. Ha sido la protesta en el sector público más larga a la que se ha tenido que enfrentar la Xunta y también la más dura. El pulso entre las partes llegó al límite haciendo romper la unidad sindical y obligando al Gobierno gallego a triplicar su oferta económica inicial. Y sobre esta última propuesta de incremento salarial, la Administración autonómica dio un ultimátum el pasado martes a los sindicatos: o la aceptan o se declarará libre de todos los compromisos previos adquiridos y podrá decretar tanto la aplicación de forma unilateral de la subida salarial o bien rebajarla o hasta retirarla por completo. Vencido el plazo, tres de los siete sindicatos con representación en la Justicia aceptaron el acuerdo: USO -la central mayoritaria- UGT y Comisiones Obreras.

Los otros cuatro sindicatos (CUT, CSIF, STAJ y CIG), que son los que han mantenido la posición más dura durante todo el conflicto, no asumieron la oferta de la Xunta, que fue rechazada en asamblea por el 53% de los trabajadores. Y, aunque mantienen el paro indefinido, puesto que, según dicen, solo el comité de huelga puede desconvocarlo, en la práctica está ya suspendido desde hace diez días y los juzgados trabajan ya con normalidad.

La ruptura de la unidad sindical dejó menguado el comité de huelga, del que se salieron UGT y CCOO y la Xunta optó por retomar las negociaciones en la Mesa Sectorial, en la que el Gobierno gallego tiene a la mitad de los representantes y las centrales, la otra mitad. En caso de empate, prima el voto de la Administración autonómica, y eso garantizaba a Vicepresidencia desatascar el conflicto.

La Xunta mantuvo viva su última oferta a los sindicatos, pese a que fue rechazada en asamblea por los trabajadores y les dio tres días de plazo para aceptarla o asumir el riesgo de una rebaja o incluso de que quedara anulada.

Finalmente logró el apoyo in extremis de tres sindicatos, que tienen una representación del 45,6 por ciento. Esto significa que se da luz verde a una subida salarial de 140 euros al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios a aplicar en tres anualidades. Los 2.700 trabajadores de la Justicia percibirán ya este año el 50 por ciento de este incremento retributivo, es decir entre 61 y 70 euros, según la categoría. Otro 30 por ciento lo cobrarán en 2019 y en 2020 el 20 por ciento restante. Vicepresidencia explica que la próxima semana concretará a partir de qué mes se empezará a aplicar la subida.

También contempla un plan de recuperación del trabajo paralizado por las jornadas de huelga que se elaboraría con el Tribunal Superior de Xustiza y con la Fiscalía y al que podrían adherirse todos los trabajadores del sector de forma voluntaria hayan o no secundado el paro. Además, incluye una cláusula de revisión para mantener los emolumentos por encima de la media de las otras 12 comunidades que no tienen las competencias de Justicia transferidas.

USO pidió un aplazamiento del ultimátum de la Xunta para consultar a los trabajadores. Tras la negativa del Gobierno gallego, decidió aceptar la oferta en "un ejercicio de responsabilidad". "Dejar en manos de la Xunta la posibilidad de inaplicación, suspensión o retirada de las condiciones conseguidas en el principio de acuerdo supone un grave riesgo de pérdida de derechos para los trabajadores", explicaron.

"Hay que dar carpetazo al conflicto", explicaron desde Comisiones Obreras. También UGT dio por desconvocada la huelga. "No podemos permitir que todo el tiempo que participamos en una reivindicación con una huelga tan descomunal pueda quedar en nada", señaló.

CUT, STAJ y CIG coincidieron en recordar que los trabajadores votaron en asamblea que la oferta de la Xunta era insuficiente y, por eso, no se sumaron. CSIF, por su parte, advirtió a la Xunta que cometía "un grave error" porque está "cerrando en falso el conflicto". Y reclama a los otros tres sndicatos que no aceptaron el acuerdo a que apoyen su propuesta de mediación para finalizar la huelga.