El seguimiento de la huelga en los juzgados gallegos se ha quedado prácticamente en nada. La participación es esta mañana del 3,78%, la más baja desde que se inició la protesta. Según los datos suministrados por la Xunta, el paro fue secundado por 105 personas. Otros 191 trabajadores no acudieron a su puesto por razones justificadas, como vacaciones, asuntos propios o días de libranza.
En la provincia de Pontevedra el seguimiento fue del 3,93%; en A Coruña, del 3,55%; en Ourense, del 1,37% y en Lugo, del 6,56%.
Esta escasa participación se produce al día siguiente de que los trabajadores en asambleas votara a favor de poner fin a la huelga. Hoy será el comité de huelga, reunido a estas horas en Ourense sin la presencia de UGT y CSIF, el que decida formalmente si la desconvoca o no. Los 90 días de protesta se han saldado con más de 25.000 juicios aplazados y otras 60.000 actuaciones judiciales paralizadas, con más de 4 millones de euros de descuento global en las nóminas de los huelguistas y con pérdidas de hasta 3.900 euros para los funcionarios que hayan secundado todos los días de paro desde que arrancó el 7 de febrero.
Fueron los sindicatos más críticos con la Xunta y contrarios a desconvocar la huelga hace diez días, CUT y STAJ, los que convocaron asambleas abiertas en los juzgados de las ciudades salvo en Santiago -en donde no hubo tiempo- para "pulsar la opinión" de los funcionarios. El resultado fue una apuesta mayoritaria por interrumpir la huelga. El sí ganó en Vigo, Pontevedra, Ourense, Ferrol y A Coruña, mientras que en Lugo se produjo un empate. En todo caso, ambos sindicatos inciden en que solo se sometió a consideración de los trabajadores la conveniencia o no de suspender el paro, pero que el conflicto "sigue vivo". "Hay que dar un margen para descansar y recuperarse del desgaste", apunta Javier Fernández, de CUT.
El pronunciamiento de los funcionarios de Justicia se produce además en el momento de máxima desmovilización desde que se inició la protesta, pues ayer solo secundaron la huelga el 11,7%. Según la Xunta, solo participaron 326 trabajadores de un total de 2.700. El cambio de opinión se ha registrado tan solo diez días después de que en otra consulta los funcionarios votaran mayoritariamente contra la oferta económica de la Xunta y a favor de continuar la huelga. La consulta se desarrolló en un clima de tanta presión, con acusaciones de coacciones e intimidaciones, que la unidad sindical saltó por los aires.
Ahora, dos de los sindicatos que antes estaban en contra de parar la huelga (CUT y STAG) promovieron asambleas para sondear la opinión de los trabajadores y aceptan que se apueste por una interrupción. Este postulado será el que lleven hoy al comité de huelga. La CIG, que también estaba en contra de la propuesta de la Xunta, desvelará hoy su postura.
USO -el sindicato mayoritario- cambió de bando y tras aceptar la oferta de la Administración, luego se unió a los tres críticos. Hoy intentará que el acuerdo, sea desconvocar la huelga o no, se adopte por el mayor consenso. Pero CCOO se ha salido del comité y UGT y CSIF confirmaron ayer que no acudirán.
"La gente está agotada y tiene que comer; hay mucha gente que le gustaría seguir en huelga pero no puede más", advierte Antón Ayaso, de la CIG. Cada jornada de huelga -solo se cuentan los días hábiles- la trabajador se le descuenta entre 62 y 80 euros, en función de la categoría. Si secundó todos los paros, un empleado de los juzgados ingresaría de media unos 1.300 euros menos al mes, por lo que serían unos 3.900 por los 90 días que llevan de paro.
Sobre la mesa sigue vigente la última propuesta de la Administración, la que presentó el 26 de abril y se votó el 27 en medio de una bronca y tensa jornada. Se traduce un aumento de 140 euros al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirán el 50% de este alza en este ejercicio, una vez que se valide el acuerdo, el 30% en 2019, y el otro 20% en 2020.
