Un total de 130 comunidades de montes afrontarán una parte de las tareas de prevención de incendios sin ayudas públicas, pues los 4,5 millones de euros habilitados por la Xunta para ello se agotaron sin cubrir todas las solicitudes que cumplían los requisitos para lograr un apoyo en el coste de los desbroces para establecer cortafuegos o franjas de seguridad entre sus plantaciones y de la construcción de depósitos de agua para apagar las llamas en caso de necesidad. Sí pudieron acogerse al reparto de este dinero 475 entidades, lo que supone que una de cada cinco mancomunidades que cumplía los criterios para esas aportaciones se quedó sin ellas.
La Consellería de Medio Rural cuenta con dos líneas de subvenciones para prevenir los daños causados por las llamas. Una de ellas está abierta a particulares, montes vecinales mancomunados y sociedades forestales (Sofor) y se centra en tareas silvícolas de reforestación y podas. Su cuantía fue ampliada este año de 7 a 11 millones de euros y su convocatoria se adelantó para dar más tiempo a acometer esos trabajos tras quejas de los beneficiarios por su dilación. Su distribución aún se está tramitando.
La segunda está limitada a las comunidades de montes y las Sofor y su cuantía pasó de 4 millones a 4,5 este año, cifra insuficiente para cubrir la demanda.
Las solicitudes descendieron de 711 el año pasado a 685 este ejercicio, a pesar del impacto de las llamas, que calcinaron 62.000 hectáreas el año pasado, de las que casi 50.000 ardieron en la ola de tres días de octubre en la que fallecieron cuatro personas. El balance casi triplica las 22.000 que se quemaron en 2016. Eso sí, las mancomunidades de montes beneficiarias -no constan Sofor- aumentaron, pasando de 399 a 475, según los datos de Medio Rural.
Por otro lado, el Parlamento pidió ayer por unanimidad a la Xunta, informa Europa Press, un plan de limpieza de franjas secundarias de seguridad -las situadas en las cercanías de las viviendas- en el que sea el Ejecutivo el que aporte una financiación "mayoritaria" respecto a la otra administración implicada: la municipal.
La propuesta inicial del BNG fue transaccionada con el resto de grupos para plasmar la queja de diversos alcaldes sobre la falta de fondos para acometer la limpieza de las citadas franjas, que deben ejecutar de forma subsidiaria si no la realizan los propietarios y luego pasarles a estos la factura. La Xunta ha exigido en varias ocasiones el cumplimiento de las competencias locales ante quienes se salten las normas y el jueves adelantó el plazo para que los dueños de fincas limpien de maleza sus terrenos. Si no están desbrozados el 1 de junio, se arriesgarán a multas de hasta 3.000 euros.
La estrategia de la Xunta contra las llamas fue criticada ayer por el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que la acusó de "parchearla" sin acometer "ningún cambio en la concepción" de su estrategia.
