El Gobierno reunirá en mayo el Consejo de Política Fiscal y Financiera para activar con las comunidades la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Así se lo trasladó ayer el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a los presidentes autonómicos de Andalucía y Aragón, los socialistas Susana Díaz y Javier Lambán. La elaboración de un nuevo sistema de financiación de las autonomías lleva más de tres años pendiente puesto que el anterior plan se aprobó en 2009 y su vigencia era de solo cinco años.

La crisis, la inestabilidad política y el conflicto soberanista en Cataluña han retrasado hasta la fecha el diseño de un nuevo modelo de financiación que sustituya al actual que la Xunta ha tildado en varias ocasiones de deficiente para la comunidad gallega. Fue negociado con el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que el Ejecutivo de Núñez Feijóo recrimina haber beneficiado a las comunidades con más población como Cataluña en detrimento de Galicia.

De cara a tener más fuerza en las negociaciones que ahora se abren la Xunta ha forjado en los últimos meses alianzas con otras comunidades autónomas con las que comparte problemas e intereses comunes. Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón urgieron, de hecho, el pasado mes de febrero a iniciar de manera inmediata las conversaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica para evitar que las convocatorias electorales autonómicas y municipales de 2019 acentúen todavía más las tensiones entre comunidades.

El Gobierno ha hecho ya los trabajos previos y cuenta desde el pasado año con el informe sobre financiación autonómica encargado a la comisión de expertos. Sin embargo, la incertidumbre política en Cataluña mantenía hasta ahora en suspenso el inicio de las negociaciones a la espera de que se formase gobierno y esta comunidad pudiese contar así con un interlocutor en las negociaciones.

Andalucía y Aragón dejaron ayer claro a Rajoy que se debe pactar un nuevo modelo de financiación sin esperar a un nuevo gobierno en Cataluña. Los presidentes de estas dos comunidades coincidieron en que el Ejecutivo de Rajoy puede representar a los catalanes en esta negociación en tanto el artículo 155 siga vigente.

Según Lambán, el presidente del Gobierno le trasladó que convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera en mayo para conocer la posición de todas y cada una de las comunidades autónomas.

De entrada Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón piden una financiación igual para todos los españoles, que garanticen el mismo nivel de calidad de los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal del territorio, que haya más recursos financieros, especialmente para atender el creciente gasto en sanidad y la dependencia y que, a la hora de calcular la aportación del Estado, se tenga en cuenta la dispersión poblacional y el envejecimiento. Y advierten que no tolerarán privilegios a las comunidades más endeudadas.

Esto llegó a provocar un enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno valenciano, que sería uno de los más beneficiados en caso de que hubiese una quita o una reestructuración de la deuda.