La titular del Juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, investiga irregularidades administrativas en contratos del Centro de Transfusión de Galicia, ahora integrado en la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), en el marco de la operación Cóndor.
La juez sigue esta instrucción en la que una de las principales empresas que investiga es Monbus, cuyo propietario es Raúl López, y que había sido llamado a declarar el próximo sábado en calidad de investigado, por varios contratos con el centro que depende de la Consellería de Sanidade, aunque han sido suspendidas las tres citaciones previstas.
Concretamente, según las fuentes consultadas por Europa Press, esta pieza de las 16 en las que la juez ha dividido en la operación Cóndor, investiga unas irregularidades en la contratación de alquiler de almacén y espacio de guardería en Ourense, Vigo y A Coruña.
En el marco de esta investigación, las fuentes consultada por Europa Press han reconocido que la juez requirió información sobre esta cuestión en el que entonces era todavía Centro de Transfusión de Galicia en 2015.
Desde esa fecha, según han confirmado fuentes de la ahora Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (Ados), que echó a andar como tal en 2016, "no hubo ninguna petición".
La citación del empresario y de otras dos personas, una de ellas un funcionario de la actual Axencia de Doazón, han sido aplazadas por la propia juez después de que se presentase un escrito en el que se advertía de que faltaba documentación.
Por su parte, fuentes jurídicas han confirmado la citación de los tres investigados ya fue aplazada en una ocasión y que se había fijado de nuevo para este sábado, a las 19,30 horas, aunque ha quedado aplazada.
Las fuentes de las partes consultadas han indicado que no contaban con la información sobre el caso, que no pudo ser notificada como consecuencia de la huelga indefinida que siguen los funcionarios de justicia dependientes de la administración autonómica.
La operación Cóndor se remonta a 2015 cuando fueron arrestadas diez personas, de las cuales dos en Madrid. Entre las que se encontraron el presidente del grupo empresarial Monbus, que quedó en libertad tras pasar a disposición judicial en marzo de ese año.
