El grupo socialista gallego en el Congreso advierte que si en los dos últimos años se destapó el cobro fraudulento de 3.200 pensiones de fallecidos, durante este año se agravará la situación, pero no por la picaresca de los implicados, sino por que la huelga de justicia está impidiendo a las familias obtener el certificado de defunción en el Registro Civil. Y, por eso, preguntará en la Cámara Baja por las gestiones en el pago de pensiones que se han visto afectadas por la no expedición del documento de fe de vida, a cuántos pensionistas fallecidos se les sigue pagando la pensión y cúal es el montante económico.