El miedo de los propietarios a encontrar sus pisos destrozados es la base del este chantaje. Algunos, desesperados, han llegado a pagar 3000 euros a estos okupas para poner fin a la pesadilla. A otro propietario le han pedido 5000 euros y se ha negado. Lo ha denunciado a la Policía porque además del chantaje le deben 6 meses de alquiler.

Otros afectados tienen que hacer frente, además a facturas de agua, luz y calefacción desproporcionadas porque los okupas no domicilian los recibos a su nombre. Los caseros, temerosos de seguir recibiendo estas facturas, prefieren pagarles para que se marchen cuanto antes.

La Fiscalía de Lugo investiga a dos personas por amenazas y estafa, porque es evidente que no alquilaban estos pisos para vivir, si no para extorsionar a sus propietarios.