Desde diciembre de 2013 todos los ayuntamientos, diputaciones, parlamentos y gobiernos autonómicos, Congreso y Senado y las universidades públicas están obligados por ley a publicar la convocatoria de los contratos que realizan y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), espacio común de publicidad de los contratos en todo el ámbito nacional.
Cuatro años después de la entrada en vigor de la normativa, ¿cuántas cumplen? En Galicia solo la mitad, según el cuarto informe sobre el grado de cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre contratos, elaborado por Transparencia Internacional España y el Observatorio de Contratación Pública. En el caso gallego, el estudio analiza un total de 16 instituciones públicas: los ayuntamientos de las siete ciudades; las cuatro diputaciones, la Xunta, el Parlamento autonómico y las universidades. De las 16, hay ocho que incumplen con la normativa para publicitar sus licitaciones.
El Ministerio de Hacienda, de quien depende esta herramienta, señala a la plataforma como "el medio idóneo de proporcionar publicidad y transparencia" a las contrataciones de las distintas instituciones públicas.
El informe analiza 110 grandes corporaciones municipales de toda España, de las que 61 publican sus contratos en la PCSP. Sin embargo, todavía el 45% de los grandes ayuntamientos siguen incumpliendo esta obligación legal. En el caso de Galicia, el estudio analiza las siete ciudades. Cuatro obvian la normativa; es el caso de A Coruña, Lugo, Ourense y Ferrol. Mientras, los concellos de Santiago, Pontevedra y Vigo sí que tienen su perfil de contratante en la plataforma.
La Xunta también cumple con la obligación de incluir los contratos y sus resultados. Es uno de los 13 gobiernos autonómicos que lo hacen (el 76% del total). Los ejecutivos de Andalucía, Aragón, Murcia y Navarra todavía no se han adherido a la plataforma.
El estudio también analiza el comportamiento de los 19 parlamentos (las 17 cámaras autonómicas, Congreso y Senado). Menos de la mitad cumple y entre ellos está el Parlamento de Galicia. Llama la atención que el Congreso y el Senado continúen incumpliendo la normativa.
Las diputaciones también tienen la obligación de publicar sus contratos. En este caso, más de la cuarta parte obvia el requerimiento legal. De las 45 diputaciones analizadas, 33 cumplen con la normativa. En el caso de las cuatro gallegas, las de A Coruña, Lugo y Pontevedra están en el grupo de las cumplidoras, y solo la de Ourense está fuera.
El quinto grupo de instituciones públicas analizado es el de las universidades, que posee el porcentaje más alto de cumplimiento. Hasta el 78% de los centros universitarios españoles cumple con esta obligación legal (40 de las 51). Entre ellas solo está la Universidade de Santiago, mientras que entre las 11 que la incumplen aparecen las de A Coruña y Vigo.
Transparencia Internacional reconoce que el informe evidencia que, aunque ha aumentado el número de instituciones cumplidoras, "sigue siendo demasiado alto" el número de las que no siguen la normativa legal. Es más, critica "el todavía abultado e inaceptable nivel de incumplimiento legal" por parte de las entidades públicas españolas.
La ley establece desde hace cuatro años que "los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público estatal deberán integrarse en esta plataforma, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma".
Hacienda asegura que la finalidad de esta herramienta "es convertirse en la plaza de mercado para la concurrencia de compradores del Sector Público y licitadores facilitando así el desarrollo de la contratación pública". Para los órganos de contratación, explica, es el medio idóneo para proporcionar publicidad y transparencia a sus contrataciones, y para las empresas es un punto único de información de contratación pública de todo el sector público. Aún así, de las 389 instituciones públicas analizadas el 60% no cumple con la norma legal.
