Hace cinco años el Ministerio de Hacienda inició un rastreo municipio a municipio para destapar construcciones ocultas así como ampliaciones, rehabilitaciones o cambios de uso sin declarar en inmuebles. El objetivo es que estos bienes paguen el correspondiente IBI, engordando así la recaudación de este tributo. El proceso de regularización catastral entra ahora en su recta final. Ya se han revisado 236 municipios y la inspección en los 79 concellos que quedan pendientes finalizará en julio. Y hasta la fecha en Galicia ya se han destapado 346.199 inmuebles sin declarar, de los cuales un total de 64.126 se ubican en Pontevedra. Esto ha supuesto un incremento medio en el recibo del IBI de un 5,32 por ciento, según la información del Catastro.

En esta provincia se han rastreado ya 42 municipios y solo quedan 19 pendientes. Los técnicos del Catastro, a través de visitas in situ, fotografías aéreas o imágenes obtenidas mediante satélite, descubrieron en Pontevedra más de 31.000 inmuebles que habían sido ampliados o rehabilitados y no se habían declarado al fisco. Al aumentar la superficie de estos inmuebles o ser restaurados se incrementa también su valor catastral y, por lo tanto, deben pagar más por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Ésta es la irregularidad más habitual. El 49 por ciento de los inmuebles destapados en Pontevedra son ampliaciones o rehabiliaciones. Pero también se descubrieron 23.700 construcciones nuevas ocultas (el 37 por ciento de los bienes regularizados). En otro 11 por ciento de los casos se localizaron reformas y cambios de uso no declarados (7.000 bienes) e incluso hay un porcentaje de piscinas, el tres por ciento, de las que no se había rendido cuentas al fisco y que ahora tendrán que pagar el correspondiente IBI.

Aunque el proceso de regularización catastral debería haber finalizado ya el pasado año, ante la complejidad de las inspecciones se decidió ampliar el rastreo hasta julio de 2018. En Pontevedra están siendo inspeccionados todavía los ayuntamientos de A Estrada, A Lama, Barro, Cambados, Cotobade, Crecente, Cuntis, Forcarei, Gondomar, Meaño, O Porriño, Oia, Pontevedra, Rodeiro, Salvaterra, Sanxenxo, Tui, Valga y Vilagarcía de Arousa.

En Ourense ya se ha finalizado el proceso de regularización catastral en 68 municipios y se han destapado 64.549 inmuebles sin declarar. A diferencia de Pontevedra, el fraude mayoritario en esta provincia ha sido la existencia de construcciones nuevas ocultas al fisco (el 51 por ciento de los casos). Además hubo un 32 por ciento de ampliaciones o rehabilitaciones de las que no se rindió cuentas al Catastro, un 15 por ciento de reformas y un dos por ciento de piscinas.

El valor de los inmuebles destapados, sin embargo, es el más bajo de las cuatro provincias, de manera que el recibo del IBI solo sufrirá un incremento medio del 3,77 por ciento.

En todo caso, todavía quedan en Ourense 24 concellos que están siendo rastreados y en los que el plazo para finalizar las inspecciones no finaliza hasta julio. La lista de los municipios pendientes de regularizacion incluye a Baltar, Bande, Beariz, Os Blancos, Boborás, Carballeda de Valdeorras, Cartelle, Castrelo do Val, Cenlle, Cortegada, Chandrexa de Queixa, Entrimo, O Irixo, Laza, Leiro, Lobios, Maside, Padrenda, Porqueira, Sarreaus, Taboadela, Trasmirás, Vilamarín y Vilamartín de Valdeorras.

A Coruña es, con diferencia, la provincia con más inmuebles sin declarar descubiertos por el Catastro desde que empezaron las inspecciones. Suman ya 123.578 tanto urbanos como rústicos.

La mitad de los fraudes descubiertos son ampliaciones y rehabilitaciones. Un tercio son nuevas construcciones que no fueron comunicadas al Catastro y hay también un 22 por ciento de bienes reformados y un dos por ciento de piscinas que no estaban declarados. El incremento medio del IBI en los 70 ayuntamientos coruñeses en los que se ha terminado el proceso de regularización catrastral es del 4,93 por ciento.

Siguen, sin embargo, bajo la lupa de la Dirección General del Catastro los municipios coruñeses de A Coruña, Aranga, Arzúa, Boiro, A Capela, Curtis, Dodro, Fisterra, Mazaricos, Miño, Moeche, Monfero, Muxía, Oleiros, O Pino, Porto do Son, Rois, San Sadurniño, Santiso, Toques, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vilarmaior y Zas.

Donde más avanzados están los trabajos es en Lugo, puesto que ya se terminó el rastreo en 56 ayuntamientos y solo quedan pendientes 11. El resultado hasta la fecha es de 93.946 inmuebles sin declarar. Al igual que ocurría con Ourense, la mayoría de los fraudes destapados son construcciones nuevas (45 por ciento). Las ampliaciones y rehabilitaciones son el 40 por ciento y las reformas o cambios e uso alcanzan el 14 por ciento.

En esta provincia es donde más impacto está teniendo el llamado catastrazo, puesto que el incremento medio del recibo del IBI tras revisarse el valor catastral de estos bienes se ha elevado hasta casi un ocho por ciento.

A finales de julio se terminará la regularización catastral en los municipios lucenses de Burela, Castroverde,Monforte de Lemos, O Incio, Ourol, Palas de Rei, Pedrafita do Cebreiro,Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto y Taboada.

Aunque se desconoce el impacto económico del catastrazo sobre las arcas públicas, el Ministerio de Hacienda había cifrado el incremento medio en el recibo del IBI por cada inmueble urbano regularizado en Galicia de 115 euros, a lo que hay que añadir 60 euros de tasa por regularizar el inmueble y el pago de los atrasos de los cuatro años anteriores (unos 286 euros de media).

Solo entre 2013 y 2016 la recaudación del IBI en Galicia se incementó en 38 millones de euros, pero desde la Federación Galega de Municipios e Provincias advierten que el mayor impacto se producirá en la liquidación de presupuestos de 2017 y 2018.