Las inspecciones realizadas en empresas del sector agroganadero en Galicia colocan a la comunidad en el primer puesto del ranking nacional en número de sanciones por vulnerar la Ley de Cadena Alimentaria. Incumplimiento de los plazos de pago a los productores lácteos y a los agricultores, ausencia de contratos o cambios en los precios pactados son los principales motivos por los que la industria alimentaria o los distribuidores se enfrentan a multas que parten de los 3.000 euros y que pueden llegar al millón. Desde que en 2014 el Gobierno central creó la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, las sanciones interpuestas en España alcanzan las 922. Galicia lidera la tabla de multas con un total de 162 a 30 empresas gallega durante estos cuatro años, lo que supone el 17,5% del conjunto del país, tal y como detalló ayer el director de AICA, José Miguel Herrero, durante su presentación en la Delegación del Gobierno del balance de inspecciones y sanciones.
El importe de las multas emitidas es este periodo en el conjunto del país supera los 9,2 millones de euros, lo que se traduce en un desembolso medio de casi 10.000 euros. Solo el año pasado se interpusieron 573 sanciones, el 62% de la cifra total. El importe global de los expedientes abiertos en Galicia superan los 164.000 euros.
La mayoría de las denuncias que tramitó en los últimos cuatro años AICA en España se debe al incumplimiento de los plazos de pago (44,36%). Por acumular más de una infracción, son más del 26% de los expedientes. En la lista les siguen la ausencia de contratos (el 18% de las sanciones) y no remitir la información requerida (5,3%). El resto son por no incluir todos los extremos en los contratos o por modificaciones no pactadas.
De las 162 sanciones interpuestas en Galicia por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, 145 corresponden a la industria. La láctea concentra el grueso de las multas en la comunidad (140, el 86% de los expedientes sancionadores en Galicia), seguida de lejos por el sector de las bodegas (3) y el oleícola (2). El grueso son por la ausencia de contratos y el incumplimiento de los plazos de pago entre las industrias lácteas gallegas. En concreto, por no formalizar por escrito los contratos, AICA interpuso en la comunidad 73 sanciones y por no tener al día sus facturas, otras 57.
En cuanto a las denuncias por ventas a pérdidas, de competencia autonómica, AICA trasladó en Galicia las 25 reclamaciones recibidas -que pueden afectar a varias comunidades- para que proceda a su investigación.
En el conjunto del país, solo Canarias no registra sanción alguna. Entre las que menos expedientes sancionadores acumulan están Baleares (2), Navarra (4) y Castilla-La Mancha (8). En el extremo opuesto de la tabla, está a la cabeza Galicia (162), seguida de Madrid (153), País Vasco (103) y Comunidad Valenciana (86).
En los últimos cuatro años, la Agencia de Información y Control Alimentario vigiló un total de 438 operaciones comerciales en la comunidad autónomas. La práctica totalidad, en concreto el 93%, corresponden a inspecciones de oficio en el sector lácteo (324). El resto de controles se reparten entre el sector cárnico, hortofrutícola y vitivinícola, principalmente.
