Hoy se cumplen 50 días de la huelga en la Justicia gallega. 50 días en los que se han suspendido más de 17.000 juicios y más de 50.000 trámites como las partidas de nacimiento, fes de vida, certificados de defunción, peticiones de pensiones de viudedad y orfandad y declaraciones de acusados o testigos. 50 días en los que los juzgados casi no han tenido actividad y los registros civiles han estado casi paralizados. Es ya la huelga más relevante que se ha producido en los servicios públicos de Galicia tanto por su impacto como por su duración.
El conflicto afecta a unos 2.700 trabajadores de Justicia que dependen de la Xunta. Cuatro son sus reivindicaciones: que nos les penalicen por las bajas médicas, que reciban el mismo salario de los titulares cuando realizan sustituciones, que se conviertan las plazas de refuerzo que llevan tres años con contratos temporales en indefinidos y la equiparación salarial con el resto de comunidades.
En este último apartado es donde se centra el problema. Tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como su presidente, Alfonso Rueda, han reconocido que tras una quincena de reuniones la negociación no se puede convertir "es una subasta". Pese a ello, y como en toda negociación, las dos partes modificando sus posturas, aunque aun no se han encontrado.
Tras varias ofertas, el 19 de marzo, el comité de huelga se mantuvo en los 190 euros al mes. La Xunta incrementó su oferta a 133 para los gestores; 108 para los tramitadores y 105 para los auxilios. En la última reunión, el pasado lunes, la Administración gallega no varió su oferta, mientras que los sindicatos bajaron de 190 a 180. Transcurridos 50 días, ambas partes siguen muy distanciadas.
