El pasado año el Parlamento gallego aprobó la Lei de Implantación Empresarial, un proyecto de la Xunta cuyo objetivo es promover la captación de inversiones para la comunidad, retener empresas con necesidades de expansión y, por supuesto, facilitar la creación de nuevas firmas y buscarles asiento en algunos de los parques industriales de Galicia. Este nuevo marco normativo es también la ofensiva gallega para competir con Portugal, país que en los últimos años está dando todas las facilidades, como suelo muy barato y una burocracia mucho más simple, para atraer empresas e inversiones extranjeras. Pero en este plan de la Xunta, los ayuntamientos juegan un papel fundamental como destinatarios finales de la actividad industrial, y para contribuir a la creación de nuevas empresas se les ha pedido que adopten rebajas fiscales significativas. Pues bien, 120 concellos ya han aprobado, o están en trámites, rebajas de hasta el 95% en los principales impuestos locales que gravan la actividad empresarial, como el IAE o el IBI. Y la lista sigue creciendo.
Estas medidas se están implantando además en tiempo récord. En octubre del pasado año se firmó el protocolo entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para fomentar la fijación de empresas en Galicia mediante la creación del sello "Doing Business" (Haciendo Negocio), que es el reconocimiento oficial a los ayuntamientos que bajan sus impuestos con este fin.
Desde entonces, 30 ayuntamientos ya lo han conseguido tras superar todos los trámites. Son 3 de Pontevedra (Mos, Moraña y Arbo); 4 de A Coruña (Coirós, Dodro, Frades y A Laracha); 15 de Ourense y 8 de Lugo. Todos ellos ya tienen el sello "Doing Business" o de "concello emprendedor", como también se conoce.
Pero además hay otros 90 municipios que ya ha iniciado los trámites pertinentes para sumarse a la iniciativa, entre los que figuran O Porriño, Redondela, Cambados, O Carballiño o Melide, que pasa por la adhesión al protocolo, la aprobación en pleno de las rebajas fiscales y la confirmación de que se cumplen con todos los requisitos por parte de una comisión técnica en la que manda la Consellería de Economía e Industria.
Porque a cambio de las bonificaciones fiscales, los ayuntamientos reciben contrapartidas de la Administración autonómica. La fundamental es que tendrán preferencia a la hora de acceder a fondos de la Xunta, que este año son 43 millones de euros en ayudas para talleres y programas integrados de empleo y desarrollo local, mejoras en parques empresariales y constitución de viveros, fomento de la eficiencia energética a través de biomasa y diversas actuaciones en el ámbito del comercio local y las plazas de abastos. "Es una doble apuesta por el empleo y por la economía local", indicó en su momento el conselleiro de Economía, Francisco Conde.
Entre las distintas medidas que competen a los municipios, el distintivo "Doing Business" les obliga a bonificaciones fiscales, con un grado de aplicación en función del número de empleos que se vaya a crear. Así, las nuevas empresas que generen más de 20 puestos de trabajo tendrán rebajas del 95% en el IBI, el IAE y el ICIO; serán como mínimo del 75% por entre 11 y 20 empleos y del 50% cuando los puestos creados sean hasta diez.
Además, el protocolo entre la Xunta y la Fegamp establece que si se trata de empresas con proyectos vinculados a la innovación o a la industria 4.0, no pagarán la tasa de licencia de obra y de apertura, y que, como norma general, los concellos se comprometen a tramitar los permisos en el plazo máximo de treinta días naturales "desde que dispongan de la documentación completa y todos los informes sectoriales preceptivos".
En el caso de tener suelo industria, los ayuntamientos se comprometen además a fijar precios "competitivos" de las parcelas y con bonificaciones que varían en función de la ubicación del parque industrial.
Por su parte, la Xunta además dar un trato de discriminación positiva a estos concellos en las ayudas públicas, podrá integrar en su Observatorio de Solo Empresarial las parcelas de titularidad municipal, así como naves, oficinas o viveros, para ofrecer estos activos a las empresas emprendedoras de Galicia.
