Aunque el proceso no era fácil, la reforma en 2013 de la Ley de Costas brindó la posibilidad de regularizar los asentamientos marineros que existían antes de 1988 o que contaran con unas condiciones mínimas de urbanización y servicios públicos comunes. Pero ni siquiera todos los ayuntamientos gallegos intentaron aprovechar la opción. No llegaron al medio centenar los concellos que se pusieron a ello, cuando la Xunta entendía que eran al menos 87 los municipios con alguna población sin legalizar, si bien no existe un censo específico de localidades afectadas por la Ley de Costas.
La escasa reacción de los municipios gallegos al inicio del procedimiento motivó que el Gobierno gallego, en septiembre de 2015, ofreciera su mediación para tramitar ante el Ministerio de Medio Ambiente la legalización de estos núcleos costeros. Sin embargo, casi un año después solo once habían pedido ayuda a la Administración autonómica.
Del total de los 87 ayuntamientos a los que la Xunta ofreció asesoría técnica por carta, únicamente aceptaron la mediación Arteixo, Fisterra, Mugardos, Boiro, Cabanas, Cervo, Sanxenxo, Redondela, Cambados, Vilaboa y O Grove.
Concluido el proceso exprés, no se acaban las opciones de legalización de los núcleos marineros, pero a partir de ahora se vuelve mucho más compleja para los municipios.
