El PP dio ayer luz verde a la reforma de la Lei de Saúde de 2008, que elimina cuatro Áreas Sanitarias, la de O Salnés, O Barco de Valdeorras, O Cervo y Monforte de Lemos. La oposición votó en contra y en la calle la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública se manifestaba en rechazo a una norma que "recortará servicios". La tribuna de invitados de la Cámara estaba a rebosar con el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, y regidores, como el de Vilagarcía, de los concellos que pierden Área propia. También había cargos locales de En Marea y el BNG. Todos muy activos en la crítica a esta norma.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, no participó en el debate, pero posteriormente en el Parlamento, defendió la futura ley, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el DOG, pues sirve "para mejorar" las condiciones de la sanidad gallega, una de las mejores de España y Europa".

"No podemos quedarnos quietos, hay que mejorar. Tratamos de llegar y dar información a todo el mundo, pero a veces nos falta que se entienda",aseguró el conselleiro en alusión a las múltiples protestas que ha provocado esta nueva norma, incluida la de ayer. "Lo más importante" es desarrollar la ley "para que la población la conozca perfectamente", añadió Almuiña. En la misma línea se pronunció el portavoz de Sanidade del PPdeG, Aurelio Núñez. Desde la tribuna pidió "tiempo" para valorar las bondades de la reforma. Es una decisión positiva, "aunque no siempre sea entendida por la ciudadanía".

Tampoco la entiende la oposición. Si el PPdeG defiende que la ley "mejora la sanidad y acerca la asistencia sanitaria al paciente", desde En Marea, PSdeG y BNG mantienen que "reduce y aleja" los servicios de los ciudadanos, además de "perjudicar la igualdad de oportunidades".

La parlamentaria de En Marea, Eva Solla, denunció que la norma "reduce servicios" y lamentó que el Gobierno de Feijóo haga "oídos sordos" a las protestas sin atender las peticiones de reunión de los colectivos en defensa de la sanidad pública. "No gobiernan en mayoría, gobiernan en satrapía", afeó Solla, y les reprochó que se recorte la participación de las asociaciones de pacientes y los agentes sociales en los Consellos de Saúde, órganos de representación social.

El diputado del PSdeG Julio Torrado aseveró que la ley "reduce y aleja los servicios sanitarios de los ciudadanos" y remarcó que "la ciudadanía no sale a la cale porque le paguen bocadillos", sino porque le "preocupa" la situación de la sanidad pública. "Podrán aprobar esta ley con su mayoría, pero no cuenten nunca con desmantelar este sistema y que nos quedemos callados", advirtió.

La representante nacionalista Montse Prado afirmó: "Ganan la votación, pero han perdido la batalla", en alusión al rechazo ciudadano a la reforma.

El PPdeG defiende que reducir las Áreas Sanitarias de 11 a 7 no perjudica al ciudadano, al contrario. Sostiene que los hospitales comarcales ampliarán la cartera de servicios y los médicos especialistas de los hospitales grandes, al ampliarse las Áreas Sanitarias, podrán pasar consultas varios días al mes en los hospitales comarcales. El futuro de los hospitales comarcales ha sido la cuestión más espinosa de la nueva ley, pero no la única. La oposición denuncia la privatización de la investigación sanitaria y que los Consellos de Saúde, donde estarán representados asociaciones de pacientes y otros agentes sociales, pasan a ser meros órganos consultivos, sin capacidad de control.

Esta ley es la que también abre la puerta a que médicos extranjeros, debidamente acreditados, puedan presentarse a unas oposiciones del Sergas. Es una medida para paliar el déficit de faculativos.