Las quejas procedentes de Galicia al Defensor del Pueblo aumentaron en un 20,4% en 2017, al pasar de 622 en 2016 a 749 el ejercicio pasado. Según el informe anual de la institución, entregado ayer en el Congreso y en el Senado, del total de quejas de Galicia, 337 corresponden a la provincia de A Coruña; 280, a la de Pontevedra; 66, a Ourense y otras 66, a Lugo.

El informe, recogido por Europa Press, refleja, además, que de Galicia al Defensor del Pueblo procedieron tres solicitudes de interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional de las 40 contabilizadas en 2017 en toda España, una más que en 2016 en la comunidad gallega, de las cuales dos corresponden a la provincia de Pontevedra y una, a la de A Coruña.

Las quejas de los ciudadanos gallegos representan el 3,04% de las 24.608 contabilizadas en España en 2017, mientras que las 622 en 2016 supusieron el 3,85% de las 16.151 contabilizadas.

En total en España, las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5% con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976, frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se había producido un descenso del 7,5%.

En total, el Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 un total de 25.776 expedientes (un 48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas (24.976), junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40). Además, la institución dirigió a las administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.

Por número de quejas, las más numerosas han sido las que han tenido que ver con tardanzas y deficiencias en la tramitación de los DNI y trámites relativos a Tráfico hasta alcanzar las 6.008, mientras que con 4.417 destacan también las relacionadas con la atención en la administración pública.

Asimismo, hubo 3.395 quejas relacionadas con la Justicia. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre los problemas prácticos que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura para la persecución de delitos graves y complejos. La institución considera que "hay que repensar la legislación en esta materia".