La cadena de borrascas de las últimas semanas todavía no ha logrado borrar del todo la huella de una de las sequías más intensas y prolongadas que ha sufrido Galicia. La situación fue extrema y la Xunta quiere sentar las bases para estar preparada ante un nuevo episodio de escasez de lluvias. Las consellerías de Medio Ambiente y Sanidade ya han iniciado los trabajos para elaborar una nueva Lei de Medidas ante Situacións da Seca. Una de las novedades que incorporará esta norma es que los concellos podrán penalizar el consumo de agua cuando se active la alerta por sequía mediante subidas en el recibo.
Ésta es una de las medidas que están sobre la mesa y que fueron trasladadas por la Xunta a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en una reunión mantenida esta semana. El objetivo, tal y como se explica desde el departamento que dirige Beatriz Mato, es "incentivar entre los vecinos los consumos de agua responsables".
Para ello los ayuntamientos podrán adaptar sus ordenanzas fiscales. El recibo del agua se estructura en tramos de facturación, es decir, fija unas tarifas distintas en función del consumo. Y algunos municipios tienen un consumo mínimo exento (es decir, por debajo de ese mínimo no se cobra). La nueva ley que prepara Medio Ambiente permitirá que, en casos de sequía, se pueda elevar ese límite exento y empezar, por lo tanto, a cobrar el agua a partir de menos litros consumidos. O bien, cuando no exista este mínimo exento, los concellos podrán cambiar sus tramos de facturación para penalizar el consumo e incentivar el ahorro.
"El objetivo final es que todos los municipios tengan unas estructuras tarifarias lo más racionales posibles, en las que se premie el consumo de agua responsable", explican desde Medio Ambiente.
Al margen de esta medida que se incluirá en la nueva Lei ante Situacións de Seca, la Xunta y la Fegamp llevan años trabajando en mejorar y homogeneizar las tarifas del agua. El problema es que, tal y como han advertido tanto la Administración gallega como la central, el recibo del agua no cubre los costes de la red de distribución y el saneamiento.
Sin embargo, los ayuntamientos se resisten a subir ciertos impuestos y recibos a sus vecinos por el coste electoral que les pueda acarrear.
Mientras no se acuerde una nueva estructura tarifaria del agua, la Xunta quiere abrir la puerta con esta nueva ley a que en situaciones puntuales se pueda subir el recibo y fomentar así el ahorro de agua.
La norma que prepara la Xunta fijará además protocolos de actuación y coordinación con los ayuntamientos para afrontar situaciones de escasez de lluvias. Hasta ahora el Gobierno gallego se limitaba a hacer recomendaciones y dependía de la autonomía de cada municipio aplicar recortes como suspender la limpieza de las calles o cortar el suministro en fuentes municipales.
Además la Xunta prevé activar un plan de mejora de la calidad del agua e inspeccionar las traídas vecinales y aquellas no conectadas a la red.
En todo caso, esta norma está aún en su trámite inicial. El Gobierno gallego ha empezado esta semana una ronda de contactos para buscar el máximo consenso.
