La huelga indefinida en la Justicia gallega cumplió ayer su trigésimo sexta jornada sin ningún acercamiento entre las partes, pese a que en la última reunión, el pasado viernes, acordaron retomar las negociaciones esta semana. Las jornadas de paros -ayer los sindicatos mantuvieron el seguimiento en torno al 80% y la Xunta lo redujo al 35%- sigue dejando cifras que agravan el colapso en el que ya estaban sumidos los juzgados. Los sindicatos afirman que ya se han suspendido más de 15.000 juicios. Y algunos de ellos se están fijando para 2021. También aseguran que se han suspendido desde el 7 de febrero más de 40.000 trámites como las partidas de nacimiento, fes de vida, certificados de defunción o declaraciones de acusados o testigos.

Los juicios por las cláusulas suelo, al no entrar en los servicios mínimos, también se aplazan, al igual que los casos de los ERE de las empresas, lo que provoca que los trabajadores no puedan cobrar sus salarios. Otro ejemplo es el pago de las pensiones a los fallecidos. Los funcionarios de Justicia en huelga no están enviando los certificados de defunción a la Seguridad Social para que los den de baja en el sistema de pensiones. Los sindicatos calculan que en estos momentos hay más de 2.000 familias en esta situación. Por una parte, están recibiendo la pensión de su familiar que ha muerto -que luego deberán devolver-, y por otra no pueden tramitar las pensiones de viudedad o de orfandad. Según los cálculos de los trabajadores, la Seguridad Social ya ha abonado más de 2 millones por este concepto, que luego tendrá reclamar, con lo que la saturación de la Administración volverá a agravarse.

Tras cinco semanas de paros, tres de las cuatro reivindicaciones de los trabajadores ya están encauzadas. Una de ellas son las bajas médicas. Tienen el compromiso de la Xunta de que no tendrán penalizaciones en el sueldo. Otra petición es que se les pague el mismo salario que los titulares cuando realizan las sustituciones. La Administración gallega también la aceptó, al igual que convertir las plazas de refuerzo que llevan tres años con contratos temporales en indefinidos.

Pero el conflicto sigue enquistado en el apartado económico. El pasado viernes, la Xunta les ofreció una subida de 105 euros al mes para los tres cuerpos. Por su parte, los sindicatos rebajaron la suya hasta los 190. La Xunta ha defendido que, así, en 2020, los funcionarios cobrarían 1.260 euros más al año y quedarían "por encima" del promedio nacional. Los sindicatos, por su parte, aseguran que de esta forma no se situarían en la posición en la que estaban antes de que comenzase la crisis.

La oferta de Ejecutivo gallego supone pagar por el complemento autonómico un total de 17,8 millones por ejercicio, 3,4 más que los actuales (un 20% más). Por su parte, la reclamación de los funcionarios aumenta la cantidad hasta los 20,5, es decir 6,1 más que los que cobran ahora (un 42% más). Los sindicatos critican que la Xunta en estas cinco semanas de huelga les han retenido a los trabajadores que han realizado los paros alrededor de 3,5 millones "por lo que ya tienen dinero para abonar la diferencia".