La Xunta se vio obligada el pasado año a retirar el borrador de decreto que regulaba la contratación de personal investigador en la Administración autonómica ante el rotundo rechazo mostrado por la comunidad científica y se comprometió a consensuar un nuevo texto. Pero diez meses después el Gobierno gallego todavía no ha llamado ni se ha sentado a negociar con los investigadores una nueva norma que les dé estabilidad laboral y frene así la fuga de cerebros y recursos económicos. La Consellería de Facenda explica que ha aparcado la redacción de otro borrador a la espera de que en el ámbito estatal desarrollen la Ley de Ciencia y se apruebe el nuevo Estatuto del Personal Investigador que se está negociando con los sindicatos.
La práctica totalidad de los investigadores contratados por la Xunta se concentran en el ámbito sanitario. Son más de 200 los que trabajan para los tres institutos biomédicos de Galicia, según fuentes de este colectivo y, salvo contadas excepciones, todos tienen contratos temporales.
Este personal lamenta que la Xunta siga sin convocarlos para negociar y le urgen a iniciar ya el diálogo para sacar adelante una nueva norma que les dé estabilidad. Para ello, avanzan que pedirán una entrevista con la nueva gerente de la Axencia do Coñecemento en Saúde, Beatriz Allegue.
Los investigadores denuncian desde hace años que concatenan contratos temporales, lo que les dificulta el acceso a financiación y ayudas públicas procedentes del Gobierno y de la UE, para las cuales se exige que el investigador que las solicita tenga una estabilidad laboral de duración igual o mayor a la del proyecto.
"Llevo 17 años trabajando y el pasado 6 de febrero me llegó una comunicación al móvil advirtiéndome de que me habían dado de baja en la Seguridad Social y en mi ordenador ya no podía entrar en mi correo. Afortunadamente me volvieron a dar de alta, pero no tengo la seguridad de que un día no me renueven", lamenta uno de los investigadores afectados.
El borrador de decreto que elaboró la Xunta establecía para este personal contratos con un máximo de cinco años de duración. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que paralizaba su tramitación tras la fuerte contestación de la comunidad científica y se comprometió a buscar el consenso. De hecho, más de 40 investigadores, entre ellos referentes como Ángel Carracedo, firmaron un manifiesto pidiendo a la Xunta la retirada de este decreto y advirtiendo que se estaba "frenando la capacidad innovadora de Galicia".
Los investigadores quieren negociar con el Gobierno gallego y aseguran que ya tienen una propuesta. Así, reclaman que el personal que esté ya trabajando para la Xunta pueda acceder a una oferta pública de empleo extraordinaria para estabilizar su puesto.
Sin embargo, el Gobierno gallego todavía no ha podido escuchar los planteamientos de los investigadores. Durante el pasado año no hubo ningún contacto. "Estuvo todo parado", explican los investigadores.
Y tampoco habrá avances de momento, según advierte la Consellería de Facenda. "Galicia tiene que estar pendiente del resultado de la negociación con los sindicatos sobre el Estatuto del Personal Investigador a nivel del Estado y de su aplicación al conjunto de las administraciones, incluida la Xunta", aclaran. La Secretaría de Estado de I+D+i ha presentado en los últimos meses un nuevo borrador de este documento, que regula las condiciones laborales de los investigadores.
Y además desde Facenda argumentan que "no hay consenso a nivel estatal" para desarrollar la Ley de Ciencia aprobada en 2011. "Se están buscando espacios de consenso porque es necesario clarificar el desarrollo de la ley dadas las dudas existentes", señalan desde la consellería.
