Un año después de que el Ministerio de Agricultura prohibiese plantar patata en más de 30 concellos afectados por la plaga de la polilla guatemalteca (14 de la provincia de A Coruña y 18 de Lugo), buena parte de productores y comercializadores ya han cobrado las indemnizaciones aprobadas por la Xunta por las cosechas destruidas o retiradas del mercado.
De los casi 168.000 euros reclamados por 1.323 beneficiarios, la Consellería de Medio Rural abonó más de 103.000 euros, lo que supone casi el 62% del importe total, según datos facilitados por el departamento que dirige Ángeles Vázquez. Las primeras ayudas comenzaron a pagarse hace ocho meses, en concreto desde el pasado 3 de julio, con una partida habilitada por Medio Rural de 250.000 euros.
La mayoría de los beneficiarios son de ayuntamientos en cuarentena de la provincia de Lugo, un total de 1.015 agricultores y comercializadores (casi el 77% de los afectados en la comunidad). Los 308 restantes son de los municipios de A Coruña definidos como zona demarcada por la plaga. De los más de 103.000 abonados hasta la fecha por la Consellería de Medio Rural, más de 77.000 euros fueron para concellos afectados de Lugo y poco más de 26.000 euros para las zonas con producción infectada en la provincia de A Coruña. Para hacer frente a las pérdidas ocasionadas a productores y comerciantes, el Ejecutivo autonómico aprobó una línea de ayudas por las que fijó una indemnización de 70 céntimos por kilo para la patata de simiente; para las de autoconsumo ya almacenadas, 30 céntimos, y para la producción plantada y arrancada, 40 céntimos por metro cuadrado.
Indemnizaciones
De patata de siembra, las ayudas afectan a casi 63.000 kilos, junto con otros 27.900 kilos de patata de consumo y casi 253.000 metros cuadrados de producción arrancada. La media de la indemnización por afectado es de 86,26 kilos de simiente; en cuanto a la de consumo es de 89,53 kilos por beneficiario y la superficie media declarada por los productores es de 312,8 metros cuadrados.
Los agricultores y comerciantes de los concellos declarados en cuarentena por la plaga de la patata estaban obligados a deshacerse del producto. La Consellería de Medio Rural fue la encargada durante el proceso de la recogida y destrucción del turbérculo. Para aquellos que se negaran a entregar las cosechas de ese año o el producto almacenado, se fijaron sanciones de entre 300 y 3.001 euros.
