Los juzgados y registros civiles gallegos arrancarán hoy la sexta semana en servicios mínimos debido a la huelga indefinida de los funcionarios del sector judicial de la comunidad que se inició el siete de febrero y que, desde entonces, ha paralizado miles de juicios y trámites jurídicos.

Lo harán a la espera de que vuelvan a sentarse Xunta y sindicatos, después del encuentro del pasado viernes que finalizó, una vez más, sin acuerdo después de horas de negociaciones, varios recesos y hasta tres propuestas por parte de la Xunta.

La última, que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó en la pasada jornada, se traduce en una subida de 105 euros más al mes, de forma lineal para todos los cuerpos del sector (auxilios, tramitadores y gestores), un incremento que empezaría a cobrarse parcialmente este 2018, alcanzando el total en tres años.

La Xunta ha defendido que, así, en 2020, los funcionarios de la administración de justicia de la comunidad cobrarían 1.260 euros más al año y quedarían "por encima" del promedio de "los 19 territorios, las 17 comunidades o las autonomías con competencia transferida y el 'territorio Ministerio', tal y como se pidió en el Parlamento". Con esta subida lineal, según la tabla que el comité de huelga difundió en febrero (de las 12 comunidades con competencia transferida y el 'territorio Ministerio'), con el total del incremento que ofrece la Xunta, la suma del complemento autonómico transitorio (CAT) y de la productividad rondaría los 550 euros al mes para los funcionarios gallegos de justicia. Una oferta previa, con la misma masa salarial pero que hacía subidas distintas en función del cuerpo, situaba a los gestores más arriba en la tabla. Los sindicatos han contestado con una contraoferta, que rebaja sus pretensiones de 225 euros más al mes a 190, todavía distante de los 105 euros mensuales a mayores que plantea la Xunta.