La Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto de nuevo el ojo en los emigrantes retornados que cobran pensiones de jubilación del extranjero y que no están tributando por ellas a pesar de tener la obligación. Tras dos años de relativa calma, desde que se cerrara la campaña extraordinaria de regularización para este colectivo, Hacienda ha reactivado los controles para detectar a aquellos pensionistas que no incluyen sus remuneraciones procedentes del exterior en las declaraciones anuales de la renta, y desde el pasado mes de noviembre está enviando requerimientos a los afectados para que comiencen a tributar y se pongan al día en sus deberes fiscales.
"Vuelven al ataque", asegura, con sorna, Manuel Domínguez, uno de los portavoces de la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados. "Tras dos años, volvemos a lo mismo", cuenta.
La AEAT comenzó en 2013 a exigir de forma masiva a los retornados con pensiones que tributasen por ellas con efecto retroactivo de los cuatro años anteriores, además de reportarles multas e intereses de demora. Si antes no lo hizo fue porque el Gobierno central no disponía de toda la información necesaria. Esta campaña generó bastante polémica, dado la confusión que había sobre las obligaciones fiscales de los emigrantes españoles que volvían a su orígenes. De hecho, en algunas oficinas de la propia Agencia Tributaria se les había comunicado con anterioridad que no tenían la obligación de declararlas en el IRPF.
En vista del malestar ciudadano y las protestas de un colectivo que se sentía maltratado, el Gobierno autorizó un proceso extraordinario de regularización voluntaria entre enero y junio de 2015 durante el cual los emigrantes podían declarar sus pensiones que cobran del extranjero sin temor a las multas o recargos.
Una vez acabada la campaña, la "tranquilidad" volvió a este colectivo. Pero en los últimos meses Hacienda ha identificado a retornados que siguen sin declarar sus pensiones y por eso le está enviando los respectivos requerimientos con propuestas de abono tributario que afectan al ejercicio fiscal de 2013. Cerrados estos expedientes, y en una fase posterior, sería el turno de las multas y los intereses de demora.
"Hubo una campaña para regularizar la situación sin multas, recargos o intereses. Muchos contribuyentes lo aprovecharon, pero algunos no, y el proceso tuvo una fecha de caducidad, que fue junio de 2015. Pero la AEAT tiene que actuar como en cualquier otro ámbito y con cualquier sector y no es más en Galicia que en cualquier otra comunidad autónoma", explican desde la Agencia Tributaria.
El procedimiento es, por tanto, igual al emprendido en 2013, con propuestas de declaración complementaria para pagar los impuestos correspondientes a las que, posteriormente, seguirá otra propuesta de sanción.
"Hubo gente que regularizó su situación en 2015, pero otra se mantuvo a la espera, quieta, porque a ella Hacienda no le había enviado ninguna notificación. Hasta ahora, que le han llegado las cartas. Antes no se daba por aludida", indica Manuel Domínguez sobre los nuevos requerimientos que están llegando, dando a entender que desde entonces hubo mucha información para tener que saber ya que los retornados con pensiones están obligados a declarar estas remuneraciones.
Maruchi Álvarez, portavoz de la asociación de emigrantes retornados de O Morrazo, concuerda con Manuel Domínguez en que ahora es más difícil alegar desconocimiento o desinformación sobre los deberes fiscales. De hecho, añade, desde enero, los distintos países pagadores de las pensiones están enviando cartas a los retornados certificando el volumen de remuneración anual a los efectos fiscales pertinentes.
