La Fiscalía de Lugo pide cinco años de cárcel y diez de inhabilitación para el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y exconcejal socialista Francisco Fernández Liñares, uno de los principales investigados en la supuesta trama de corrupción de la operación Pokemon, por los delitos continuados de cohecho y prevaricación. Esta petición se suma a otra, también de cinco años de cárcel, que el ministerio público solicitó hace unos meses para Liñares por blanqueo de capitales.

La instrucción de esta pieza que se separó de la macrocausa y se centró en la figura de Liñares, quedó concluida y lista para la apertura de juicio oral el pasado mes de enero. Éste será el primer juicio que sale de la operación Pokemon, una trama de adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones que comenzó a investigar la jueza Pilar de Lara en el año 2011. Francisco Fernández Liñares fue presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil desde 2009 hasta su detención en 2012 y, tras su arresto, estuvo varios meses en prisión.

En su escrito de acusación para la apertura de juicio oral, la Fiscalía pide también cinco años de cárcel y diez de inhabilitación para otros nueve acusados, a los que también se le imputan delitos de cohecho y prevaricación.

El fiscal Jesús Álvarez señala que durante la etapa de Liñares al frente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil "continuó con las mismas prácticas delictivas" que realizó como concejal en Lugo -que no se abordan en esta pieza-, en las que "tejió una red de intereses económicos concediendo contratos, puestos de trabajo o bien la gestión de servicios públicos" a cambio de "sobornos o de cantidades periódicas con las que incrementó notablemente su patrimonio".

Así, el Ministerio Público asegura que como presidente de la Confederación Hidrográfica "otorgó contratos de obras a sociedades con cuyos representantes se había puesto de acuerdo a cambio de dinero o prestaciones de trabajo en sus propiedades".

Precisamente, el abogado de Fernández Liñares informaba esta semana de que pedirá ante la Audiencia Provincial la nulidad de las piezas en la que está investigado en la operación Pokemon.

De este modo, Fiscalía señala cómo Liñares, mediante el uso del procedimiento de adjudicación negociado -que permite contratar obras cuyo valor sea inferior a un millón de euros con la obligación de solicitar ofertas a al menos tres empresas-, "convino con los representantes de varias entidades la adjudicación de determinadas obras a empresas previamente seleccionadas según lo convenido entre el presidente de la Confederación Hidrográfica y los empresarios concurrentes a la licitación".

Fueron varias las empresas que realizaron diversas entregas a Liñares que oscilan entre los 10.000 y los 35.000 euros.