La respuesta de las administraciones gallegas ante episodios de sequía estará regulada por una ley que fijará protocolos de actuación y coordinación e incluso cómo ahorrar agua, en oposición a la autonomía actual para aplicar recortes como suspender la limpieza de calles o cortar el suministro de fuentes municipales. Además, el control sobre la calidad del recurso destinado al consumo humano se intensificará, incluyendo en las inspecciones de la Xunta las traídas vecinales o aquellas no conectadas a la red municipal.
Estos son los principios que la Xunta plasmará en una ley "de medidas ante eventos de sequía o de otras situaciones excepcionales" y en un plan de mejora de la calidad del agua, normas que negociará ahora con los concellos a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para concretar sendos borradores. Luego serán aprobados por el Ejecutivo y, en el caso de la ley, remitida al Parlamento, donde la mayoría absoluta de los populares garantiza que reciba luz verde.
El presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, desveló ayer que ya se trabaja en los textos de ambas medidas y justificó iniciar ahora su debate con los municipios tras rebajarse la situación de Galicia de "alerta" a "prealerta" por escasez de agua.
En enero del año pasado se activó la luz ámbar ante la falta de recursos en el país dos mil ríos, pero en octubre el listón se elevó a "alerta" hasta mediados del pasado febrero, tras un 2017 que fue el más seco de los últimos treinta años. "Nunca había sucedido algo así", expuso Feijóo tras la reunión semanal de su Gobierno.
Durante ese período, los municipios adoptaron recortes dentro de sus campos de actuación y algunos como Vigo, el de mayor población de Galicia, activaron su plan de emergencia ante un horizonte en el que solo se garantizaban reservas para consumo humano durante tres meses.
Feijóo expuso que Xunta y concellos comparten competencias -la primera sobre salud pública y los segundos, sobre abastecimiento- y que la proliferación de períodos extremos, tanto de precipitaciones como de sequía, justifica la apuesta por los dos instrumentos normativos anunciados.
"Tenemos más agua embalsada que hace un año, pero menos que la media de los últimos cinco. La situación ya no es preocupante. Es momento de pactar", explicó Feijóo, que cifró en un 66% el nivel medio de los embalses.
La ley será aplicable a toda la comunidad, incluyendo la cuenca Miño-Sil, demarcación de gestión estatal. Su objetivo es "ordenar los recursos hídricos, dando prioridad al abastecimiento humano, preservar la calidad del agua en todo momento y garantizar la unidad de criterio y acción", expuso Feijóo. También concretará las medidas "excepcionales" ante una alerta de sequía.
La falta de lluvias provocó un choque entre administraciones en Pontevedra, donde el concello de Vigo reclamó el trasvase de agua desde el río Verdugo, proyecto aprobado por Augas de Galicia. Se opusieron los concellos de Ponte Caldelas y Soutomaior.
En la ciudad olívica también generó enfrentamiento político la calidad del agua. El plan especial de la Xunta pretende intensificar los exámenes y homogeneizar los controles con los concellos.
