Después de varios días en los que los sindicatos solicitaban la presencia del vicepresidente de la Xunta en las negociaciones para desbloquear la huelga indefinida del personal de Xustiza, Alfonso Rueda dio ayer un paso adelante y se ofreció a sentarse con ellos e incluso a presentar una nueva oferta de subida salarial. Pero con una condición: que antes suspendiesen el paro. Y así se lo comunicó ayer al comité de huelga que horas después rechazó la propuesta, alegando que no aceptarán "chantajes" y que, por tanto, se niegan a levantar la huelga antes de tener una propuesta.

La protesta ya acumula 16 jornadas con más de 8.000 juicios suspendidos y los registros civiles paralizados. Por eso, Rueda insistió en que si la resolución del conflicto de la Justicia depende de su presencia en las reuniones con los sindicatos, estará presente "en el momento en que la huelga se suspenda", si bien sostuvo que no es una "exigencia", sino "una petición para acreditar voluntad negociadora" y evitar que los ciudadanos que no están recibiendo los servicios sean "rehenes" de este paro.

Las organizaciones sindicales también inciden en su postura. Para ellos el procedimiento pasa porque el conselleiro "se siente, ver la nueva propuesta que trae, analizar si sería aprobada por los trabajadores y si es así desconvocar la huelga".

Los sindicatos habían sido críticos con el director xeral de Función Pública, José María Barreiro -que hasta ahora representaba a la Xunta en las reuniones con su homólogo en Xustiza, Juan José Martín- al que consideran "un interlocutor no válido" por "desconocer" el funcionamiento de esta administración. Rueda confirmó ayer que si los sindicatos suspenden la huelga acompañará a Barreiro y a Martín en una próxima reunión.

El comité de huelga también había solicitado retomar el diálogo con la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez, como mediadora. Rueda ayer, sin embargo, ni siquiera se planteó esta opción y destacó que, de acuerdo con las demandas sindicales que le pedían "dar la cara", que esté presente en la mesa de negociación puede ser "la mejor manera" de desbloquear y solucionar el conflicto.

Con el mismo objetivo, el sindicato CSIF recurrió ayer ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo General de la Abogacía (CGAE) y el Consejo General de Procuradores (CGPE) para denunciar "la falta de diálogo y la irresponsabilidad de los interlocutores de la Administración gallega". Por eso, instan a estos organismos a exhortar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que mediante la negociación colectiva ponga fin a esta situación y se restablezca el funcionamiento de los órganos judiciales de la comunidad.

Ante la diferencia de posturas entre el Gobierno gallego y el comité de huelga para reconducir el diálogo, todavía no hay fecha para una nueva reunión. Rueda ayer tampoco aclaró a cuánto ascendería la oferta de subida salarial, aunque avanzó que el Ejecutivo no puede admitir las reivindicaciones de incrementar unos 2.700 euros al año el complemento autonómico transitorio por cada funcionario. Pero sí se muestra dispuesto a "negociar", lo que supondría aumentar la última propuesta de la Administración que oscilaba entre 816 y 1.080 euros al año según la categoría.

Los partidos de la oposición en el Parlamento gallego, al igual que los sindicatos, calificaron de "chantaje" la propuesta del responsable de Xustiza. El portavoz parlamentario de En Marea, Luis Villares, recordó que fue un mandato de la Cámara autonómica el que acordó en diciembre por unanimidad aceptar las reclamaciones de los trabajadores de justicia.