La comunidad autónoma ha sumado una nueva competencia, la primera en los nueve años que Alberto Núñez Feijóo lleva al frente de la Xunta. Se trata del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, un órgano que se encargará de resolver los recursos presentados por las empresas contra contratos realizados por las administraciones públicas. Hasta ahora, estos litigios se resolvían en Madrid en un tribunal central.

Esta mañana han tomado posesión de sus cargos los tres integrantes del tribunal, en un acto al que asistieron el vicepresidente, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. El presidente del órgano será Santiago Valencia, mientras que las dos vocalías corresponden a Ana María de Frutos y Tomás Otero Ferreiro. El conselleiro de Facenda ha destacado que este tribunal "permitirá reforzar el autogobierno en Galicia".

A este jurado solo se podrá recurrir cuando se dude la legalidad o validez de contratos de obras superiores a los 3 millones de euros o de suministros y servicios por 100.000 euros. Solo entre los años 2014 y 2017 se resolvieron en el tribunal de Madrid más de 600 recursos interpuestos por las empresas contra decisiones de la Xunta y de los concellos gallegos.