La huelga de los funcionarios de Justicia que dependen de la Xunta entró ayer en su tercera semana. Después de la manifestación del sábado en Santiago, el conflicto sigue más enrocado que nunca sin visos de que se retomen las negociaciones ni se acerquen posturas. Son ya 14 jornadas de paro que han provocado la suspensión de 7.000 juicios, una media de 500 al día, además del colapso de los registros civiles de la comunidad, donde solo se practican servicios urgentes como licencias de enterramiento. A las reclamaciones de los 2.700 funcionarios de Xustiza se suman ahora los 60 forenses que ejercen en Galicia.

Desde el colectivo señalan que, en su caso, la huelga está "controlada" porque, al tratarse de una labor "de calado y sensible", la mitad de la plantilla está trabajando para cubrir los servicios mínimos., pero reclaman a la Xunta instaurar guardias de 24 horas y evitar las guardias de ocho días continuados "sin poder asegurar el descanso obligado de los profesionales".

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, instó ayer al comité de huelga a ser "serios" y volver a la mesa de negociación para estudiar la propuesta del Gobierno gallego que en el aspecto económico -afirmó- se mantendrá en una subida del complemento autonómico transitorio entre 816 y 1.080 euros anuales.

Los sindicatos, por su parte, también se mantienen en su oferta de 2.700 euros al año que, según aclaran, no supondría un aumento de salario, sino "recuperar la cantidad perdida por los recortes aplicados durante la crisis". Rueda se mostró dispuesto a acceder en las peticiones sobre la amortización de plazas y la igualdad de remuneración al personal que releve a compañeros de un rango superior. Y en cuanto a los descuentos de salario en bajas por incapacidad transitoria se compromete a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se negocien a nivel estatal en Madrid.

Otro punto de vía de conflicto tiene que ver con los negociadores. Las organizaciones sindicales rechazan dialogar con el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, que hasta ahora se encargaba de las negociaciones con su homólogo en Xustiza, Juan José Martín. Por eso, ayer el comité de huelga registró la solicitud para reclamar que las negociaciones con la Xunta se vuelvan a trasladar al Consello Galego de Relacións Laborais.

Rueda rechazó ayer los "vetos" sobre los negociadores, postura que para los sindicatos "aviva más el fuego" y provoca que el seguimiento sea "muy alto", pese a la pérdida de 80 euros diarios por empleado. El comité de huelga cifró el paro ayer en el 80% y la Xunta lo rebajó al 37%.