La huelga de Justicia en Galicia, que hoy suma su decimotercera jornada, deja cada día un reguero de damnificados. Casi siempre son los usuarios, que ven cómo el juicio que tenían señalado se suspende -ya van más de 7.000- o alguno de los trámites que querían realizar no pueden hacerlo -se han retrasado más de 20.000-. Pero las administraciones también se ven afectadas por el paro. Un ejemplo son el pago de las pensiones a los que han muerto durante este mes. Los funcionarios de Justicia son los encargados de enviar los certificados de defunciones a la Seguridad Social para que deje de abonar las pensiones. Pero como están en huelga indefinida, y no se considera un trámite que debe estar bajo el paraguas de los servicios mínimos, no los están enviando.
Según los sindicatos, en el mes de febrero serán unos 3.500 pensionistas fallecidos los que estarán en esta situación. Si la huelga continua, la Seguridad Social deberá pagar unos 2,8 millones, que luego tendrá reclamar, con lo que la saturación de la Administración volverá a incrementarse.
Las mensualidades ordinarias se abonan íntegras, incluida la correspondiente al mes en el que se produzca la extinción del derecho. Por tanto, cuando fallece un pensionista, la Seguridad Social le paga el mes completo, independientemente del día que haya fallecido. Si la huelga continua, la Seguridad Social deberá seguir pagando la pensión a los gallegos que ya han muerto, porque todavía los considera vivos. La huelga de la Justicia no solo afecta al pago de las pensiones de los fallecidos, también impide, por ejemplo, que se puedan gestionar otras pensiones, como las de viudedad u orfandad, que surgen con el deceso. En los registros civiles, que están prácticamente paralizados, solo se expiden certificados de defunción. No se dan ni fes de vida ni partidas de nacimiento que son necesarias para casarse o divorciarse. Así que estos dos actos también están paralizados.
Lo mismo sucede con los que, por ejemplo, necesiten un certificado para cobrar una pensión del extranjero. Como no se pueden expedir, no se puede solicitar. Y, al contrario, hay ciudadanos que han fallecido este mes que cobrarán una pensión del extranjero. Cuando se produzca la comunicación de la muerte esos países se las reclamarán, por lo que los afectados deberán contratar un abogado porque los trámites son complicados, según fuentes judiciales.
Los juzgados de Instrucción también se ven afectados. En estas salas se instruyen, por ejemplo, los casos de corrupción de los políticos y tienen seis meses para instruirlos. Si sigue la huelga, este tiempo caducará. La única opción que tienen los jueces es declarar compleja la causa para poder solicitar seis meses más de plazo. Los juzgados de lo Mercantil son los que más están padeciendo los paros.
Se unen los forenses
La decimosegunda jornada de la huelga de Justicia en Galicia no supuso ningún avance en las negociaciones. Todo lo contrario. Ambas partes se enzarzaron en críticas que no aventuran un final del conflicto a corto plazo. Los médicos forenses del IMELGA de la Subdirección de Santiago se unen a la huelga. "Acordamos secundar por amplia mayoría la huelga, con una cadencia de dos días por semana respetando los servicios mínimos", indicaron ayer.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que no puede "subir más" la oferta económica y constató "indicios" de que "no hay voluntad de acuerdo" por parte de los sindicatos. Y puso como ejemplo que se "desprecie" una oferta media de subida de 1.000 euros más al año por trabajador, tras recordar que hay "mileuristas en España y Europa" para los que supondría cobrar "un mes más".
El seguimiento de la huelga se situó ayer, según los sindicatos, en un 93% en Pontevedra, un 90% en Vigo, un 88% en Ourense, un 82% en Ferrol, un 81 % en Lugo y Santiago y un 75% en A Coruña.
