Los juzgados gallegos suman ya dos semanas de parálisis por la huelga indefinida de los trabajadores y la negociación permanece bloqueada tras el plantón de los sindicatos a la Xunta al exigir otro interlocutor. El conflicto, que amenaza con prolongarse ante el rechazo de la última oferta económica del Gobierno gallego, ha provocado la suspensión de unos 7.000 juicios, impide gestionar la tramitación de defunciones y fes de vida y bloquea pensiones, incapacidades y matrimonios. Ante esta situación, agravada por el colapso que arrastra la justicia gallega -una de las más saturadas del país-, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo ayer un llamamiento a los sindicatos para que recapaciten y vuelvan a sentarse para retomar su actividad. Pero el número dos del Gobierno gallego duda de que en realidad quieran alcanzar "un acuerdo" y poner fin a las protestas.

Un día después de que se rompiesen de nuevo las negociaciones, las partes se mantienen en sus respectivas posturas. Los sindicatos, que acusan al Gobierno gallego de no querer negociar, celebraron ayer asambleas que, según fuentes sindicales, fueron "masivas". "Los trabajadores están dispuestos a aguantar y no vamos a dar un paso atrás", sostienen.

El también conselleiro de Presidencia se preguntó qué se propone el comité de huelga al colgar un sindicato en las redes sociales un calendario con un listado de actos y movilizaciones hasta el 9 de marzo. Rueda advierte de que habría que preguntar a los sindicatos si "todos" están de acuerdo en que, "haga lo que se haga", no se puede llegar a un acuerdo "antes del 9 de marzo".

Aunque las centrales sindicales los nieguen, el conselleiro de Xustiza asegura que durante las negociaciones, salvo la parte económica -que la Xunta rechaza subir más allá de la subida de 816 a 1.086 euros más al año, según el cuerpo- existían opciones de acuerdo sobre el resto de demandas. Incluso, según detalló, en el caso de los descuentos por las bajas, la Xunta se ofreció a trasladar "la parte más favorable" que se acuerde en el ámbito estatal. "Para todos los empleados públicos, no solo para los de Justicia; como es lo justo, lo normal y lo entendible", sentenció Rueda, al tiempo que reiteró que a oferta de la Xunta sigue sobre la mesa y defendió que cada parte tiene derecho a elegir a sus interlocutores. "Imagínense qué hubieran dicho los sindicatos si la Xunta se hubiese levantado diciendo que no le gustan los representantes sindicales que están en la negociación. ¡Cómo estarían protestando, diciendo que es inadmisible y no se puede tolerar!", advierte. Hasta ahora, la delegación del Gobierno gallego en las negociaciones estuvo encabezada por los directores de Xustiza y Función Pública, cuya marcha exigió el martes el comité de huelga. Pidieron la implicación de Rueda.

Desde el Colegio de Procuradores de A Coruña apelaron ayer Xunta y sindicatos a negociar "sin más dilación" un acuerdo y alertan de los "graves perjuicios en el presente y en el futuro" ante el aplazamiento de juicios y declaraciones.

Los procuradores reclaman que se retome "el diálogo" y que se alcance "un acuerdo satisfactorio" en aras "del interés general, de la sociedad, de la ciudadanía y del adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia".