Profesores, animadores, monitores, personal que trabaja en guarderías, pediatras y enfermeros que tratan con niños, entrenadores de clubes deportivos... Cualquier aspirante a una profesión (o voluntariado) que implique un trabajo en contacto habitual con menores de edad tiene que demostrar que carece de antecedentes de delitos sexuales. Es así desde el 1 de marzo de 2016, cuando entró en vigor el Registro Central de Delincuentes Sexuales. El encontrarse en esa lista veta el acceso a trabajos que supongan contacto con niños, al menos mientras los antecedentes penales no están cancelados. Para demostrar que el historial está limpio en ese aspecto hay que solicitarle al Ministerio de Justicia un certificado que lo acredite y ya han hecho esos deberes un total de 107.166 gallegos desde que se instauró el Registro, lo que supone una media de 156 al día.
Ese es al menos el número de certificados presenciales o emitidos a través de la plataforma destinada a la gestión con las administraciones desde el Registro de Delincuentes Sexuales para Galicia entre 2016, cuando se puso en marcha la normativa, y el 31 del pasado enero, a solo un mes de que se cumplan dos años de su implantación como tal. En total, según fuentes del departamento que dirige Rafael Catalá, se despacharon desde el mencionado Registro un total de 107.166 certificados por esas vías.
Durante los primeros diez meses de la entrada en funcionamiento del Registro se agolparon la mayoría de las peticiones: dos de cada tres, a un ritmo de unos 230 certificados emitidos al día de media, mientras que en lo que va de 2018 se han ralentizado hasta los 40 al día, un 82 por ciento menos. Así, el primer año se emitieron 70.189 certificados, en 2017 fueron la mitad, 35.756, y en lo que va de este, se contabilizan ya 1.221.
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Lo que revelan las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Justicia, que no indican en qué medida alguno de estos certificados pueden haber desvelado que el interesado sí tenía condenas por delitos sexuales (una primera estadística del Gobierno indicó que un 0,03% de los solicitantes del documento poseía antecedentes), es que en la mayor parte de los casos -el 60 por ciento- son las administraciones las que realizan directamente la gestión de averiguar si su empleado o futuro empleado, eso sí, tras autorización previa del mismo, ha sido sentenciado por algún delito sexual. Mientras que las solicitudes presenciales ascienden a 43.462, las gestionadas a través de la denominada Plataforma de Intermediación de Datos superan las 63.000. El Ministerio indica en su web que la solicitud también se puede realizar por vía telemática y es gratuita.
Delitos
En la lista de los crímenes que apartan a quienes los cometen, siempre que hayan sido condenados a través de sentencia firme y sus antecedentes no se hayan cancelado, de la posibilidad de trabajar en contacto con menores se encuentran los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (agresión sexual, abusos, acoso, exhibicionismo...) y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía.
En esa situación, la de condenados por delitos sexuales, estarían, según los datos facilitados a este diario por el Ministerio de Justicia y actualizados a 31 de enero de este año, un total de 2.140 personas en Galicia, mientras que en todo el país se elevarían hasta los 43.988 los sentenciados por los ilícitos que vetan el acceso a un trabajo con menores. Los condenados gallegos suponen el 4,9 por ciento del total y su número se incrementó un 8% (frente al 5,4% en el Estado) desde el arranque oficial del Registro en marzo de 2016, cuando tenían vetado trabajar con niños 1.981. En todo caso, mientras hay casos que se suman al listado, otros se caen, dado que a los condenados que son menores de edad se les cancelan antecedentes una vez que hayan transcurridos 10 años desde que son mayores, es decir, a los 28.
En el Registro Central de Delincuentes Sexuales, explica el Gobierno central, se incluyen los datos de la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. Se trata de un mecanismo, sostiene, que facilita la prevención, la investigación y persecución de tales delitos y pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores.
