Tras siete años de caída, el año pasado por primera vez repuntaron las adopciones en Galicia. Un total de 95 niños fueron acogidos en sus nuevas familias, de ellos 52 procedían del extranjero y 43 son de nacionalidad española. Son 21 adopciones más que en 2016. La cifra queda muy lejos de las 433 adopciones firmadas de 2008, el año con más adopciones. Desde entonces la crisis económica, y cambios en países como Etiopía, China o Vietnam que apuestan por favorecer las adopciones dentro del propio país, frenaron el ritmo de las adopciones y frustraron las esperanzas de muchas parejas de ampliar familia.
Las trabas internacionales para adoptar a un niño explican el aumento de adopciones en España, tanto que suponen el 45% de las firmadas en 2017. En 2010, eran sólo el 17%. Hay padres que siguen esperando. El año pasado 95 padres recibieron en su hogar a 95 niñosy y niñas, pero fueron 174 los que formularon la petición.
El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, instaba ayer precisamente en el Parlamento a que las personas con deseos de ser padre o madre se apunten a programas de acogimiento de niños que proceden de hogares en dificultades o que se decanten por adopciones especiales, es decir de niños con problemas.
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El titular de Política Social hacía este llamamiento en el pleno, donde anunciaba que a lo largo de este año prevé aprobar la Estrategia gallega para la infancia y la adolescencia y poner en marcha el Observatorio de la Familia, para contar con "más y mejores datos" sobre demografía, niños y hogares.
Rey Varela, al hacer balance de lo que hace su departamento en materia de Infancia, aseguró que cada año tratan más de mil casos de posible desprotección infantil, los más habituales por "problemática sociofamiliar".
La Xunta tiene la tutela de 2.472 niños, más de 1.000 viven en centros residenciales y el resto bajo el cuidado de familia propia o ajena. El conselleiro de Política Social apostó por seguir incrementando el acogimiento familiar, porque es lo mejor para los críos.
La Xunta también se encarga, a través de los centros de intervención educativa en medio abierto, de los menores que han sido condenados a medidas no privativas de libertad en el ámbito judicial. El año pasado fueron 521menores.
En la réplica a la intervención del conselleiro, la diputada del BNG Olalla Rodil calificó de "urgente" que se reforme "la normativa actual" de los puntos de encuentro familiar, que se incremente su número para "acercarlos a las familias" y que se implementen "mecanismos de control" sobre su actividad. Estos puntos es donde padres con separaciones o divoricos problemáticos pueden ver a sus hijos.
Por su parte, la diputada socialista Noela Blanco sacó a colación la pobreza en Galicia y su influencia en la infancia, de forma particular la pobreza energética. "Deje de repetir que hoy Galicia es un país para los niños y las familias, porque esa no es la realidad de este país". También criticó el retraso en ayudas como las de la 'Tarxeta Benvida', que sirven para paliar situaciones de pobreza, en las familas donde acaba de nacer un bebé.
La diputada de En Marea Paula Vázquez también advirtió de que la "carencia de empleo" en la familia es "el principal riesgo de exclusión social infantil", al tiempo que influye también en "el desamparo" de menores. Vázquez apostó por "aumentar y reforzar" la educación social, el seguimiento detallado de casos de desamparo y abusos y la humanización de los espacios administrativos relacionados con la infancia, como los puntos de encuentro familiares.
Finalmente, la diputada popular Marta Rodríguez Arias defendió o la actuación de la Xunta en materia de infancia, indicando que "Galicia cuenta con más y mejores recursos para menores en riesgo o situación de exclusión social". Del mismo modo, instó a "encender el foco" sobre un tema tan relevante como la violencia sexual, que sufren uno de cada cinco niños en la Unión Europea.
