Un insulto grave, ausencia de sumisión a las normas familiares, gritos, golpes a los muebles y un día, una agresión. Secuencias como estas protagonizadas por hijos adolescentes con sus padres como víctimas constituyen la antesala de una decisión crítica: pedir ayuda a la Administración para que se haga cargo del menor. El verano pasado, una madre, por ejemplo, solicitaba a la Xunta que se hiciese cargo de su hijo de 13 años porque la maltrataba psíquica y físicamente y se escapaba del centro de menores. "Que nos ayuden porque un día va a pasar una desgracia, tenemos pánico", decía a los medios. Ese comportamiento violento incapaz de ser reconducido en el hogar ha forzado a los padres de 150 niños a ceder de forma temporal su custodia a los servicios de Menores de la Xunta.

Las agresiones denunciadas ante la policía -el año pasado se interpusieron 140 denuncias de padres contra hijos por agresión- provocan la intervención de la justicia, que puede decidir que sea la Administración la que se haga cargo del menor o incluso su ingreso en algún centro. Además, la mayoría de casos de conflictos familiares detectados son controlados por los servicios sociales municipales. Pero existe la vía voluntaria. "Son padres que se sienten impotentes, pero es su hijo y no denuncian. No saben cómo tratarlo y recurren a esta vía. Son valientes y actúan pensando en el bien de sus niños", explica Amparo González, directora xeral de Familia, sobre la guarda volluntaria. Si la agresión es de padres a hijos, la Administración actúa de oficio y denuncia el caso.

El servicio de Menores cuida, con datos cerrados del año pasado, a 2.429 menores de edad, distribuidos en 1.785 tutelas y 644 guardas. En el primer caso, la Administración ostenta la patria potestad, mientras que en el segundo, la última palabra sobre cualquier decisión vinculada a los niños -sobre educación, por ejemplo- la mantienen los progenitores.

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De esas 644 guardas, 376 son peticiones voluntarias de los padres para que la Xunta cuide de ellos de forma temporal, pues se trata de una medida que solo puede durar dos años y que debe ser autorizada por los técnicos de Menores. Si supera ese período, la Xunta asume su tutela de forma automática.

Esos casos se dividen entre diferentes casuísticas. Unos 150 menores -40%- se enfrentan a sus padres debido a su carácter problemático o violento, incluyendo insultos y agresiones verbales o físicas. Otro 30% deriva de conflictos genéricos, como, por ejemplo, mala relación con la nueva pareja del progenitor con el que viven o incluso trastornos mentales. El 30% restante se debe a ausencias de los padres y normalmente son casos de familias monoparentales ante un ingreso en prisión temporal, una intervención quirúrgica o incluso un contrato laboral temporal lejos del domicilio. "Son casos sin familia directa, como abuelos o tíos, que pueda hacerse cargo", relata González.

La falta de recursos económicos constituye otro de los factores asociados a estos casos, aunque la directora xeral de Familia descarta que la mejora de los indicadores globales respecto a los momentos más duros de la crisis afecte a estos casos, pues se trata de familias con problemas pecuniarios crónicos. El año pasado, la Xunta alcanzó los 422 niños en custodia a petición de los padres, un 41% más que un año antes. La cifra ha descendido ahora un 11%.