La familia Franco ha dado los primeros pasos para sacar a la venta el pazo de Meirás, ubicado en el concello de Sada. Según han informado diversos medios, los herederos han solicitado una tasación del inmueble pocas semanas después del fallecimiento de la matriarca, Carmen Franco, el pasado 29 de diciembre, y el precio que se baraja ronda los 8 millones. La noticia ha desatado una oleada de críticas entre las instituciones y colectivos que demandan la devolución al patrimonio público de este inmueble que fue adquirido mediante ventas forzadas, descuentos en nóminas de los funcionarios municipales y provinciales y emisión de bonos supuestamente de compra voluntaria, para agasajar a Francisco Franco durante la Guerra Civil.

El inicio de los trámites para desprenderse de la que fue residencia de veraneo del dictador, de los que informó ayer ABC, llega en plena batalla política por recuperar esta propiedad declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011. La Xunta, que tiene derecho preferente de compra, declaró ayer desconocer que la familia pretenda sacar a la venta el pazo. El Concello de Sada, que también podría ejercer ese derecho, manifestó también su sorpresa ante las informaciones.

La Consellería de Cultura aseguró ayer que no ha tenido ninguna comunicación formal ni informal por parte de la familia Franco. El Gobierno gallego recalcó, en todo caso, que su intención es recuperar las Torres de Meirás para el patrimonio público siempre y cuando "no implique un nuevo coste para el pueblo de Galicia, que ya lo asumió en 1938". El Gobierno gallego cierra totalmente la puerta a la compra, opción a la que sí recurrió para hacerse con otros Bienes de Interés Cultural, como el castillo de Pambre, por el que pagó cinco millones.

El Concello de Sada también se ha manifestado en contra de "volver a pagar" por el pazo de Meirás y mantiene su propósito de recuperarlo para el patrimonio público. El Gobierno local (Sadamaioría, PSOE y BNG) ha incluido el pazo de Meirás en un plan especial de protección para facilitar su devolución, supeditada a un cambio en la ley de la memoria histórica. Anticipándose a un posible intento de venta, el Gobierno municipal añadió una disposición transitoria para que hasta la aprobación y entrada en vigor del plan especial, el pazo quede sujeto al régimen transitorio contenido en el artículo 57 de la Lei de Patrimonio y no se admitan cambios de usos, con lo que limita las posibilidades de compra.

La limitación de usos que impone en plan general de Sada no es el único obstáculo al que pueden enfrentarse los Franco a la hora de vender el pazo. La Lei de Patrimonio establece que toda pretensión de venta de un bien declarado o catalogado deber ser notificada a la Consellería de Cultura, con indicación del precio y de las condiciones en las que se proponga realizar.

Esta dilataría los tiempos y permitiría a Xunta y Diputación buscar las lagunas en la transmisión que permitan exigir su devolución.

El Ejecutivo autonómico ha formado una comisión de expertos para recuperar este bien al entender que hay un "vicio oculto" en la adquisición y la Diputación ha constituido la denominada Junta Pro Devolución del Pazo, de la que forman parte concellos y colectivos.

La corporación provincial fue el primero en reaccionar ayer ante la noticia de su posible venta. La vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, acusó ayer a los Franco de pretender "agilizar la venta" para evitar que prosperen las iniciativas para que el pazo pase al patrimonio público. "Quieren verse libres de una propiedad que es resultado del saqueo al pueblo gallego y que es el centro de una demanda social", denunció.

La Comisión Pola Recuperación da Memoria Histórica manifestó ayer su rechazo frontal a la venta de un bien "ilegítimamente conseguido en tiempos de la dictadura". "El pazo de Meirás no se compra, porque ya lo pagó la ciudadanía gallega, que fue expoliada en los negros tiempos del franquismo", destacan.